Cataluña ha aprobado 38 leyes desde que el Estatuto recurrido está en vigor

De hecho, el pasado 30 de marzo el consejero de Agricultura, Joaquim Llena, defendió la constitucionalidad del Estatuto, recordando que desde que entró en vigor, en julio de 2006, se han aprobado 32 leyes que lo desarrollan. Sin embargo, lo cierto es que esa cifra es de agosto de 2009. Desde entonces, el Parlamento catalán -con un ritmo de trabajo acelerado por el tripartito en la recta final de la legislatura- ha aprobado seis nuevas leyes directamente relacionadas con el nuevo texto estatutario.

Algunas de ellas de alta graduación política, como la Ley de consultas populares por la vía de referendo o la del Síndic de Greuges, que regula uno de los puntos del Estatuto recurrido por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.

Referendos y TC catalán

Antes de eso, el Parlamento catalán ya había aprobado normas como la Ley de Educación -impugnada ante el TC-, la Ley de Fosas y la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias -un organismo que emite dictámenes vinculantes sobre las normas catalanas y que, por tanto, tiene funciones semejantes a las del Constitucional, puesto que establece doctrina jurídica-. Directamente relacionadas con el desarrollo estatutario están también las leyes de creación de la Agencia Tributaria de catalunya, la Oficina Antifraude de Cataluña y la Autoridad Catalana de la Competencia.

Siguen en el tintero, esto es, en trámite parlamentario, otros proyectos igualmente claves para aprovechar al máximo las nuevas competencias asumidas con el Estatuto de 2006. Se trata de textos como la Ley de la Sindicatura de Cuentas, el tribunal de cuentas catalán, o la reforma de la estructura territorial catalana para dividir las cuatro provincias actuales en siete veguerías. Sin olvidar la creación de una Autoridad de Protección de Datos catalana o el Consejo de Gobiernos Locales, que culmina la nueva estructura de administración local y autonómica definida en la carta catalana.

Hasta el momento, sin embargo, el resultado más notable que desprende el nuevo Estatut es la reforma del sistema de financiación que, en 2010, aportará a Cataluña más de 2.500 millones de extra. Un capítulo que, según el consejero de Economía, Antoni Castells, está a salvo de la sentencia del TC porque se deriva de un pacto de Estado entre el Gobierno y las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.