El catalanismo extiende su red

La llegada al poder de sendos ejecutivos formados por socialistas y nacionalistas como Compromís ha propiciado la extensión del requisito lingüístico para acceder a la función pública y han abierto la puerta a la inmersión en las aulas, con el objetivo de arrinconar al español .

Tanto los nacionalistas catalanes como el PSC en su etapa al frente de la Generalitat con Pasqual Maragall y José Montilla no han escatimado esfuerzos presupuestarios para propagar unos postulados que hacen referencia, desde un punto de vista geopolítico, a una realidad ficticia según la cual Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, la franja este de Aragón, Andorra, el Rosellón francés, el Alguer italiano (en Cerdeña) y El Carche (en la esquina noreste de Murcia) deberían formar un país diferenciado e independiente.

La excusa para armar esta entelequia es que, desde el punto de vista catalanista, en todos estos territorios se emplea el catalán como lengua vernácula. Un planteamiento de carácter lingüístico que con la deriva soberanista que emprendió Artur Mas y continúa Carles Puigdemont ha trascendido al ámbito político.

La Generalitat de Cataluña ha otorgado en las últimas décadas millonarias subvenciones a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y la Obra Social Cultural, dos entidades socias de los independentistas de Òmnium Cultural. Las tres forman la Federació Llull, cuyo objetivo pasa por «trabajar por un futuro compartido para los países catalanes».

En el caso de ACPV, la propia Generalitat de Cataluña abona la cuota anual de su sede en Valencia, situada en el entorno de los 700.000 euros, en virtud de un convenio rubricado por Jordi Pujol y que se ha mantenido a lo largo de los años. El Centro Octubre de Cultura Contemporánea alberga las actividades del catalanismo en Valencia bajo la tutela de Eliseu Climent, el editor que ha ejercido el liderazgo de la organización desde su creación y que ha mantenido estrechos vínculos de colaboración con los principales mandatarios catalanes.

La Academia Valenciana de la Lengua, un organismo reconocido por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, ha anunciado el inicio de una «nueva etapa» basada en la colaboración con el Instituto de Estudios Catalanes (IEC), una entidad que se autodefine como un «centro de catalanística» y que defiende las tesis de los «países catalanes» y el «derecho a decidir» en una consulta independentista. El IEC no cuenta con sede propia en Valencia, aunque sus actividades las desarrolla en el Centro Octubre de Cultura Contemporánea, un edificio que alberga a Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

En la misma línea, el Gobierno valenciano trabaja para sumarse al de Cataluña y al de Baleares en el Instituto Ramón Llull, cuya razón de ser pasa por «promocionar la lengua y la cultura catalana en el exterior».

Las universidades públicas integradas en la «Xarxa Vives» ofrecen en sus cursos de verano temáticas que incluyen a la Comunidad Valenciana y Baleares en los «países catalanes» y abordan desde un punto de vista «acádemico» el «proceso constituyente catalán», que también se amplia a las regiones vecinas. Estos cursos de verano cuentan con el respaldo de la Generalitat de Cataluña.

La «Xarxa Vives» se define como «una institución sin ánimo de lucro que representa y coordina la acción conjunta de 21 universidades de cuatro Estados europeos (Andorra, España, Francia e Italia) en educación superior, investigación y cultura.

En uno de los cursos, que se celebrará el 18 de agosto en la localidad francesa de Prada, aborda «El factor humano: demografía y movimentos de población en la historia de los países catalanes ».

En paralelo, la Generalitat de Cataluña ha empleado soportes institucionales como la televisión pública TV3, para alimentar las tesis de los «países catalanes». Una entelequia que ha servido para que el Gobierno catalán incluyera las Fallas de Valencia en su catálogo de fiestas o la Albufera entre sus parques naturales.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, y su homólogo valenciano, acordaron el pasado mes de mayo trabajar por la reciprocidad de las emisiones cuando se reabra la televisión valenciana. A este pacto se sumará la balear IB3, con la finalidad de articular un «sistema de medios de comunicación públicos en catalán».

El Gobierno valenciano ha comenzado a dar los primeros pasos para emular el modelo catalán en materia lingüística. Así, el Ejecutivo que preside Ximo Puig prevé implantar el requisito lingüístico para el acceso a plazas de funcionarios, a pesar de que, según los datos de la propia Generalitat la mitad de la población no es capaz hablar en valenciano y el 47% no lo sabe leer. En la misma línea, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha aprobado una moción en la que se insta a la Generalitat a a que «impulse el conocimiento y el uso del valenciano en todas las administraciones públicas y especialmente en las Entidades Locales, como entidades más próximas al ciudadano». Y al mismo tiempo, insta a los ayuntamientos que las van a aprobar a que «incorporen en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) el perfil lingüístico como requisito sustancial» para «garantizar los derechos lingüísticos de la vecindad».

En Baleares, el Gobierno de la socialista Francina Armengol ya ha implantado el requisito del catalán para poder trabajar en la Administración autonómica y el conjunto de instuciones de las islas.

En Balares, Armengol derogó el Tratamiento Integrado de Lenguas aprobado en la anterior legislatura para dar prioridad al catalán en la educación pública, por lo que la inmersión ya es un hecho. En la Comunidad Valenciana, la inmersión lingüística llegará desde el próximo curso. El 65 por ciento de las nuevas aulas que se abrirán el próximo curso serán de línea en valenciano, lo que se traduce en 323 de las 496 unidades. El objetivo de la Generalitat, en la línea de Escola Valenciana (una entidad subvencionada por el Gobierno catalán) pasa por extender el modelo de forma progresiva durante los próximos años.

La vertiente más nacionalista del programa electoral de «A la Valenciana» (la coalición con la que concurrieron a los comicios del pasado 26 de junio Podemos, Compromís y Esquerra Unida) abría la puerta a una suerte de «federación» entre la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. El texto, que plasmaba los viejos anhelos de sectores nacionalistas de inspiración fusteriana, relacionados con las tesis de los «países catalanes», abogaba por la «modificación del artículo 145 de la Constitución para eliminar la prohibición de la federación de comunidades autónomas y la autorización de las Cortes Generales para realizar acuerdos de colaboración cuando entre ellas tenga intereses comunes».

Al respecto, el Bloc Nacionalista Valencià (el principal partido de los que integran la coalición Compromís) tiene entre sus objetivos «alcanzar la plena soberanía nacional del pueblo valenciano y su plasmación legal mediante una Constitución valenciana que contemple la posibilidad de una asociación política con los países con los que compartimos una misma lengua, cultura e historia».