Biel Company, líder del PP balear
Biel Company, líder del PP balear - EFE

El catalán abre una crisis en el PP balear

El líder regional del partido, Biel Company, y la delegada del Gobierno, María Salom, parecen mantener posiciones divergentes en materia lingüística

Palma de MallorcaActualizado:

La actual controversia política y social que existe en Baleares en torno al creciente apoyo institucional que se da al catalán ha vivido un nuevo episodio durante esta semana. La diferencia con respecto a polémicas anteriores, por ejemplo la del decreto del catalán en la sanidad, es que ahora los protagonistas no han sido los tres partidos que gobiernan en las principales instituciones de la Comunidad —PSOE, MÉS y Podemos—, sino dos dirigentes del principal partido de la oposición.

En concreto, se trata del presidente del PP balear, Biel Company, y de la delegada del Gobierno en Baleares, María Salom, que en la pasada legislatura fue presidenta del Consell de Mallorca. Ambos políticos parecen divergir ahora sobre cuál tendría que ser la postura que debería mantener la formación popular en materia lingüística en el Archipiélago.

Las discrepancias en el seno de los populares isleños se iniciaron el pasado martes, cuando trascendió que la Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno, había presentado un contencioso administrativo contra una propuesta de carácter lingüístico aprobada por el consistorio del municipio mallorquín de Pollença en febrero de este año. En dicha propuesta se establecían las bases reguladoras de las subvenciones que otorgará la corporación a las empresas que rotulen sólo en catalán. El PP de Pollença, aunque está en la oposición, había votado a favor de la moción del equipo de gobierno municipal. En ese contexto, podía interpretarse que el contencioso promovido por Salom cuestionaba el proceder de sus propios compañeros de partido.

De hecho, para la Abogacía del Estado las medidas lingüísticas impulsadas en Pollença pondrían de manifiesto «no el fomento del catalán como lengua cooficial en esta Comunidad Autónoma, sino la eliminación de la otra lengua cooficial, el castellano». Por su parte, el alcalde de Pollença, el ecologista Miquel Àngel March, presentó alegaciones al citado recurso y recalcó que le parecía «preocupante» que una medida de «discriminación positiva» que se aplica desde hace dos décadas «sea cuestionada ahora por el Estado». March forma parte de Junts Avançam, coalición que aglutina en una sola lista al PSOE, MÉS y Esquerra Republicana. El primer edil gobierna junto con Unió Mollera Pollencina. En la oposición se encuentran Alternativa, Tots per Pollença y el PP, así como un edil no adscrito.

Tensión larvada

De puertas para afuera, inicialmente no parecía existir ninguna polémica entre Company y Salom por este asunto. «Tenemos la obligación de velar para que las dos lenguas cooficiales tengan el mismo valor y que se subvencionen por igual, como recoge la Constitución», había afirmado Salom el martes. Un día después, el miércoles por la noche, Company pareció dar un apoyo implícito a la delegada del Gobierno. «El partido tiene muy claro que hay dos lenguas oficiales, las queremos a las dos y queremos potenciar las dos», dijo a los medios. Sin embargo, unas horas antes Company había convocado de urgencia una reunión al más alto nivel en la sede del PP balear, para intentar diseñar una estrategia común y evitar un posible desgaste político por esta cuestión. No hubo declaraciones oficiales, pero trascendió que diversos dirigentes habían criticado a Salom.

La incipiente polémica lingüística en el seno del PP balear no sólo no ha amainado en los dos últimos días, sino que parece haberse intensificado este viernes. «Estoy aquí para hacer mi trabajo y para hacer que se cumpla la ley, para que se cumplan la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Normalización lingüística. Y procuro hacerlo bien», ha dicho Salom en declaraciones a los medios, recogidas por la Agencia Efe. La delegada del Gobierno ha respondido así, de forma velada, a quienes en su partido han cuestionado su forma de actuar en estos últimos días.

Salom ha sido además preguntada por las supuestas discrepancias que existirían ahora con Company. «El presidente del Partido Popular hace su trabajo y yo el mío, y cada uno lo hace bien, cada uno en su ámbito. Mi obligación es respetar el ordenamiento jurídico y nuestras reglas de convivencia», ha afirmado la delegada del Gobierno, para añadir: «Estoy en perfecta sintonía con todos».

En este contexto, cabe recordar que la pasada semana Salom había intentado zanjar ya otra polémica, la de sus supuestas aspiraciones a ser la candidata del PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2019. «No seré candidata del PP al Govern, no sé de dónde salen estos rumores y se insiste en ello. El candidato de nuestro partido es Biel Company», dijo. Company fue elegido presidente del PP balear en marzo del pasado año, tras imponerse en el congreso regional a José Ramón Bauzá, expresidente autonómico. El actual líder del partido forma parte del llamado sector regionalista, circunstancia que es vista con un cierto recelo por parte del sector denominado españolista —hoy minoritario— y de diversos analistas políticos.

Las políticas de Armengol

Salom ha criticado este viernes, por otra parte, a la presidenta del Ejecutivo balear, la socialista Francina Armengol, que gobierna con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos. «Para ser presidenta del Govern permitió que MÉS lograra la Alcaldía de Palma, aceptó que los nacionalistas gobernasen en el Ayuntamiento de Palma y en el Consell de Mallorca, porque ella quería ser presidenta», ha indicado. «Es radical, lo dijo ella y efectivamente es así», ha apostillado Salom. La delegada del Gobierno ha acusado además a Armengol de tener «obsesión por el catalán» y también ha dicho que con la presidenta balear el nacionalismo está yendo en aumento. «Nos está llevando a una dinámica muy, pero que muy peligrosa», ha señalado. Salom también ha afirmado que se considera «tan mallorquina, o incluso más, que la gente de MÉS».

Las normativas lingüísticas que están aplicando Armengol y sus socios de MÉS en esta legislatura derivan, en buena parte, de las que fueron aprobadas en su momento por Ejecutivos presididos por el PP. En ese sentido, sigue aún hoy vigente la Ley de Normalización Lingüística, aprobada en 1986 por el entonces presidente autonómico, el popular Gabriel Cañellas. También se mantiene el llamado Decreto de Mínimos, aprobado en 1997 por el popular Jaume Matas. Dicho decreto estableció que el 50 por cien de las clases en los colegios deberían impartirse en catalán. Al no fijar un máximo de horas en dicha lengua, el decreto acabó favoreciendo de facto la inmersión lingüística. Fue también Matas quien en 2007 aprobó la Ley de Función Pública, que estableció que el conocimiento del catalán sería un requisito para todos los futuros funcionarios.

Desde los años ochenta, el PP siempre había buscado consensuar todas las medidas lingüísticas que aprobaba, tanto con el PSOE como con las formaciones nacionalistas y los partidos de izquierda. Sólo en la pasada legislatura, con Bauzá como presidente autonómico, se modificó por vez primera esa forma de actuar y se cambiaron en solitario varias normas lingüísticas. Así, el Decreto de Mínimos fue sustituido provisionalmente por un modelo de enseñanza trilingüe, mientras que el catalán dejó de ser un requisito y pasó a ser sólo un mérito para quienes optasen a ser empleados públicos. Sin embargo, con Armengol se ha vuelto ahora a la situación lingüística que existía con Cañellas y con Matas. La única novedad en ese sentido sería el decreto del catalán en la sanidad pública, aprobado en marzo de este año.

Company ya ha dicho en diversas ocasiones que si resultase elegido presidente de la Comunidad en 2019, la primera medida que tomaría sería la derogación de dicho decreto. Sus críticos dicen que, en materia lingüística, esa derogación sería no sólo la primera, sino posiblemente también la única. En ese contexto, la polémica surgida esta semana entre Company y Salom ha servido para evidenciar que se hace más necesaria que nunca una posición común del PP de las Islas con respecto al catalán, sea la que sea. La actual indefinición puede suponer dentro de un año un lastre electoral insuperable para los populares isleños, tanto a su derecha como a su izquierda. Y seguramente también en el decisivo espacio de centro.