Del caso Palma Arena no quedará ya ni el nombre del velódromo

Las propuestas aprobadas por la citada junta se trasladarán para ser votadas al pleno de la ABE que se convocará el próximo mes de octubre. Una vez que se haya votado y elegido el nuevo nombre del velódromo entre las candidaturas presentadas, la nueva denominación elegida tendrá que ser ratificada por la junta rectora del Palma Arena .

Las propuestas de nombre aprobadas este lunes en la junta de la ABE fueron cinco , en concreto, Guillem Timoner y Joan Llaneras, a propuesta de la Federación de Ciclismo de las Islas Baleares; Margarita Victoria García –Mavi– y Magdalena Rigo, por parte de Feministas en Acción; y Velódromo Illes Balears. A estas cinco propuestas se tendrán que añadir las posibles propuestas que también hagan los miembros de la ABE en las próximas semanas.

En la presente legislatura gobierna en Baleares la socialista Francina Armengol, junto con MÉS por Mallorca. Armengol cuenta además con el apoyo parlamentario externo, aunque estable, de Podemos y de MÉS por Menorca. Con el futuro nuevo nombre del velódromo, el Ejecutivo regional pretende que este equipamiento deje de asociarse directa o indirectamente con uno de los casos de corrupción más importantes que ha habido en España en los últimos años.

Cabe recordar que el hoy denominado caso Palma Arena comenzó hace algo más de una década, cuando se empezó a investigar el sobrecoste de las obras de construcción de esta infraestructura deportiva. El proyecto del velódromo había sido impulsado en 2006 por Matas, con el objetivo de que al año siguiente el nuevo equipamiento pudiera acoger el Mundial de Ciclismo en Pista. Las instalaciones se inauguraron en marzo de 2007, con diversas deficiencias técnicas y apenas unos pocos días antes de que empezase el citado evento.

El presupuesto inicial de las obras había sido de 47,7 millones de euros. Sin embargo, los costes financieros y las sucesivas modificaciones del proyecto provocaron que ya en mayo de 2007, una semana antes de las elecciones autonómicas de aquel año, se acordase contar con un presupuesto complementario de 35,6 millones de euros. En la actualidad, se estima que el Palma Arena podría haber costado finalmente en torno a los 110 millones de euros.

Tras los comicios de mayo de 2007, el socialista Francesc Antich relevó a Matas al frente del Ejecutivo regional, gracias al acuerdo suscrito entonces entre el PSOE, la coalición rojiverde BLOC –antecesora de MÉS– y Unió Mallorquina (UM). Antich nombró consejero de Deportes a Mateu Cañellas, de UM, quien en septiembre de aquel mismo año dio a conocer que las cuentas sobre el coste del Palma Arena estaban siendo auditadas, ya que se creía que había costado el doble de lo previsto en un principio.

Poco después de aquel anuncio, el entonces fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, iniciaron una investigación conjunta para intentar dilucidar si se habrían podido producir irregularidades en el desarrollo y ejecución del proyecto del velódromo. Así nació el caso Palma Arena , que con el tiempo acabaría dando lugar a un total de 28 piezas separadas y diversas subpiezas adicionales. La mayoría de esas piezas, incluido el caso Nóos , fueron ya dilucidadas en los tribunales, por lo que del caso Palma Arena apenas quedaba ya únicamente el nombre del velódromo.