Caso Librilla: comisiones de 1,5 millones para tres amigos
Cajas, discos duros, carpetas y todo tipo de documentos se amontonan en una furgoneta blanca. Son los papeles de la «operación Biblioteca», como se bautizó a la trama de corrupción urbanística desmantelada hace un mes en Librilla (Murcia) que salpica al menos a un funcionario ( ... en excedencia) de la Consejería de Presidencia de esa comunidad. Ese funcionario, José Luis Cano Valverde, el alcalde de Librilla, José Martínez García, el concejal de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz y el gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), José Andrés Cortés Otálora, salieron de prisión el pasado día 4 tras pasar 13 días encarcelados como presuntos miembros de una trama organizada que se ha enriquecido con las adjudicaciones de obras públicas de ese Ayuntamiento. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia sostiene que existen «claros elementos indiciarios de la comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación administrativa, falsedad documental y blanqueo de capitales, entre otros».
Los agentes de la UCO pusieron en pie estos indicios. El primer hilo liga al Ayuntamiento de Librilla con la Consejería de Presidencia de Murcia. Allí trabajaba José Luis Cano como jefe de servicio de asistencia técnica a municipios. Se asocia con un ingeniero, Domingo Peñalver, y ambos constituyen una sociedad (Acadi) con el fin de elaborar informes para los ayuntamientos con los que solicitar y obtener subvenciones públicas. Cano no figuraba en la sociedad, pero la Guardia Civil averiguó en la investigación que la mitad era suya a través de la documentación y las relaciones personales y profesionales del funcionario. Según los investigadores, se aplicó el sistema de autocontratación para su empresa. Ahora se investiga si se han falsificado expedientes de la comunidad y hay otros tres pueblos en el punto de mira de los agentes.
Los tentáculos de la trama se van ampliando y el socio de Cano «desembarca» en el Ayuntamiento de Librilla, gracias a la «amistad» del funcionario con el alcalde y el concejal de Urbanismo. Primero entra como técnico municipal y después logran que se les adjudique la redacción del Plan de Ordenación Urbana de ese pueblo -estaba en juego la reclasificación de un millón de metros cuadrados-. Así se urde la historia, con sociedades que se crean para conseguir un enriquecimiento vía contratos públicos, a través de esas empresas; incluso se llegan a simular facturaciones entre empresas y particulares de Librilla (ha habido doce detenidos).
Según el juez los contratos del Ayuntamiento estaban amañados para que siempre beneficiaran a Acadi. El alcalde, su concejal de Urbanismo y el gerente de la sociedad municipal, todos en libertad, se habrían repartido 1,5 millones de euros en comisiones.
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