Caso Cursach: el laberinto judicial sin fin

Cabe recordar que en el caso Cursach se investiga desde hace cinco años la existencia de una presunta trama de corrupción policial, política y empresarial cuyo impulsor sería el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares durante décadas, Tolo Cursach . En los últimos meses apenas había habido novedades relevantes en relación a este caso, pero desde hace dos semanas la situación ha cambiado por completo, con la aparición de distintos hechos de alcance que han copado numerosos titulares durante días.

Así, el pasado 11 de diciembre trascendió que el actual instructor del caso, el juez Miquel Florit , había ordenado requisar los móviles y diversa documentación de un periodista de «Diario de Mallorca» y de una redactora de Europa Press en el marco de una investigación interna sobre las filtraciones habidas desde hace tiempo. La citada actuación judicial suscitó numerosas muestras de apoyo hacia los dos periodistas afectados y manifiestos de defensa del secreto profesional. La respuesta de los dos medios citados fue, por su parte, presentar una querella contra Florit por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista. Dicha querella ha sido admitida ya a trámite.

Las mencionadas filtraciones periodísticas habían motivado, por otro lado, que agentes de Asuntos Internos iniciasen meses atrás una investigación para intentar averiguar quiénes habrían estado detrás de dichas filtraciones. Las primeras sospechas recayeron sobre el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma, recientemente desmantelado, cuyos miembros llevaron el peso de la investigación del caso Cursach durante años. En ese contexto, el exjefe del Grupo de Blanqueo y un agente de dicha extinta unidad fueron detenidos el pasado 19 de diciembre por el presunto delito de «descubrimiento y revelación de secretos». Tras acogerse a su derecho a no declarar, ambos quedaron en libertad con cargos, a la espera de comparecer en un futuro ante el juez.

Los orígenes de la macrocausa conocida hoy como caso Cursach se remontan a 2013. En aquellas fechas, el entonces instructor de la causa, el juez Manuel Penalva , y el fiscal Miguel Ángel Subirán empezaron a investigar una posible trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá, que habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas. Para Penalva y Subirán, formaban también parte de dicha supuesta red delictiva Cursach -que poseía negocios en ambos municipios-, antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones.

Según esa hipótesis, el magnate isleño habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios a cambio de dádivas y regalos, mientras que habrían perjudicado a los de la competencia con continuas inspecciones y sanciones. Esa acusación ha sido siempre negada de manera rotunda por el propio Cursach y por sus colaboradores.

A lo largo del último lustro, el caso Cursach se ha ido ampliando poco a poco, por lo que hoy cuenta ya con diversas piezas separadas. Por lo que respecta a la pieza principal, será dilucidada ya en breve. De hecho, hace unos días la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación en relación a dicha pieza, en el que pide ocho años y medio de prisión para Cursach por los presuntos delitos de integración en grupo criminal, cohecho, coacciones y prevaricación . El Ministerio Público quiere que se sienten en el banquillo otras 23 personas además del empresario, entre las que se encuentran empleados de Cursach, funcionarios y una quincena de policías locales de Palma. En el escrito de acusación se señala, por ejemplo, que algunos agentes habrían sido invitados a fiestas con prostitutas que habrían tenido lugar en la discoteca Tito’s, cuyo propietario era Cursach. En dichas fiestas, supuestamente, también se consumían drogas.

Este será el segundo juicio al que se enfrente el empresario mallorquín. Cabe recordar que el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma le condenó el pasado mes de junio a ocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. La sentencia, que había sido recurrida, fue confirmada el pasado mes de octubre por la Audiencia Provincial de Palma. La mencionada sentencia condenatoria no implicó el ingreso de Cursach en la cárcel, ya que se tuvo en cuenta que el magnate había pasado previamente 13 meses en prisión provisional, entre marzo del pasado año y abril de este año. El empresario quedó en libertad con cargos después de haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial.

El juez que ordenó en su momento el ingreso en prisión preventiva de Cursach fue el ya citado Penalva, que fue apartado de la causa el pasado mes de marzo por la Audiencia Provincial por «pérdida de apariencia de imparcialidad». Su sustituto fue el juez Florit, que ahora se enfrenta a una querella por presunta prevaricación. Ambas circunstancias, más todas las ya señaladas y las que puedan surgir en breve, hacen que cada vez existan más dudas sobre cuál puede ser el futuro procesal del caso Cursach. Lo único seguro, por ahora, es que el juicio de la pieza principal se celebrará, aunque su posible desarrollo y su conclusión sean, hoy por hoy, también una incógnita.