Casado propone convertir las okupaciones en delitos de cárcel

Casado aseguró, en una intervención ante la prensa y una veintena de vecinos –otros tantos protestaron por su presencia–, que en España se calcula que hay alrededor de unas 100.000 viviendas okupadas ilegalmente. De estas, casi 4.500 en la Comunidad de Madrid. Y recordó el trágico suceso en el barrio badalonés de San Roque, de inicios del mes de enero, en el que murieron tres personas después de que unos okupas incendiaran la vivienda por error y salieran de la misma sin apagar el fuego ni avisar a los vecinos.

«Nuestra proposición de ley quiere acabar con la okupación ilegal de los inmuebles, defiende que se puedan tener inmuebles sin utilizar y que la okupación ilegal pase de falta a delito, con penas de prisión de uno a tres años», dijo el número uno de los populares y líder de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE).

Además, Casado también argumentó la propuesta de la nueva ley (que entre la exposición de motivos y su articulado consta de diecinueve páginas) para «evitar que los okupas se empadronen en las viviendas», «las personas jurídicas (bancos e inmobiliarias, principalmente) puedan tomar medidas» y «se agilice poder echar a los okupas, pasando de los dos meses actuales a un tiempo de entre doce y veinticuatro horas».

El presidente del PP, que también tuvo palabras de elogio para Alejandro Fernández , líder de los populares catalanes, insistió en varias ocasiones en que esta iniciativa legislativa se marca, entre sus objetivos, luchar contra «las mafias que realquilan pisos okupados y extorsionan a los vecinos», así como hacer énfasis en la importancia de la «seguridad ciudadana». Así, indicó que las medidas propuestas no afectarán a las personas que tengan impagos por imposibilidades sobrevenidas como la pérdida del empleo u otras dificultades económicas.

En este sentido, Casado criticó «la demagogia de la izquierda» y los llamados «alcaldes del cambio», entre los que citó a Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona), Pedro Santisteve (Zaragoza) y José María González Santos Kichi (Cádiz), en relación al tratamiento político que hacen de estos temas dentro de las competencias municipales.

En cualquier caso, Casado –que también estuvo acompañado de las diputadas Dolors Montserrat y Alicia Sánchez-Camacho– pidió al resto de partidos con representación en el Congreso que acepten tramitar su proposición de ley por vía de urgencia para que «entre en vigor» lo antes posible. La norma propuesta por el PP supondría la modificación de varios artículos de seis leyes: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal; Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado; Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil; Ley de Enjuiciamiento Criminal; y Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por su parte, Albiol, que intervino en el acto para introducir a Casado, dijo que en Badalona –ciudad de la que es concejal desde 1991 y de la que fue alcalde entre 2011 y 2015– tiene más de 1.000 viviendas okupadas ilegalmente y recordó, con aire de orgullo, que durante su mandato el Ayuntamiento de Badalona efectuó más de 1.000 «actuaciones contra la okupación» liberando más de 500 viviendas.

«Okupar un piso en España sale gratis. Esta ley propuesta por el PP defiende a los vecinos más humildes, es de las más sociales y diferencia la okupación por motivo social con la que hacen los que viven de ello, y lo hacen molestando al resto de vecinos», añadió Albiol. Tras las intervenciones de Albiol y Casado, el PP no permitió hacer preguntas a los periodistas.