Pablo Casado y Marimar Blanco, durante la reunión con las asociaciones de víctimas del terrorismo
Pablo Casado y Marimar Blanco, durante la reunión con las asociaciones de víctimas del terrorismo - ABC

Casado promete a las víctimas del terrorismo el fin de los actos de enaltecimiento

Impulsará una reforma legal para impedirlos y otra para obligar a los presos a colaborar con la Justicia

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Excluido el pasado lunes por Pedro Sánchez del homenaje celebrado en La Moncloa con el que España y Francia sellaron el fin de ETA, el presidente del PP, Pablo Casado, se entrevistó ayer con tres de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo para reforzar el compromiso de los populares con sus demandas y especialmente con dos: la que reclama poner fin a los actos de enaltecimiento de terroristas y la que exige que los presos tengan que colaborar con la justicia como condición para a acceso al segundo grado penitenciario, que abre la puerta a los permisos. Ambas exigirán modificaciones en la ley que jefe de la oposición aseguró que impulsará.

Casado recibió por separado a miembros de la Asociación Dignidad y Justicia con su presidente a la cabeza, Daniel Portero; de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que lidera Maite Araluce, y del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), cuya máxima representación corresponde a Consuelo Ordóñez. Unánime fue el requerimiento de que, dentro del programa de acercamiento de etarras a cárceles del País Vasco emprendido por el Gobierno, sea obligatorio que todos ellos colaboren primero con la Justicia, todo ello con vistas a intentar esclarecer los centenares de crímenes de la banda que quedan pendientes. Dignidad y Justiciaplanteó directamente la modificación de la Ley Penitenciara en su artículo 72.6 para hacer preceptiva esa «colaboración efectiva»; y la AVT recordó su oposición a los «acercamientos generalizados», si bien reconoció que «no hay más remedio que acatar» las mejoras «conforme a la ley» de las que se están beneficiando algunos presos. Es el caso de Olga Sanz y Javier Moreno, condenados respectivamente a 71 y 74 años por su pertenencia al «comando Vizcaya» y que este verano fueron llevados a una prisión vasca tras desvincularse del Colectivo de Presos de ETA y, en el caso de Sanz, mostrar su disposición por escrito a colaborar.

En paralelo a la demanda relativa a los encarcelados, las asociaciones de víctimas incidieron en pedir la prohibición de los actos de enaltecimiento que con tanta frecuencia festejan permisos y liberación de etarras, y que, según el recuento que lleva Covite, fueron 77 en 2017 y 128 este año contando solo hasta julio. Las víctimas nunca han ocultado el grave daño que les producen estas celebraciones y Pablo Casado les aseguró que trabajará para impedirlas. «Me he comprometido con la AVT a impulsar la reforma de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, para que se prohíban los actos de enaltecimiento a terroristas y se consagre la memoria, dignidad y justicia de todas las víctimas», dijo ayer.

Abusos policiales

Por otro lado, Covite trasladó al presidente del PP su creencia de que la retirada por parte del Gobierno de Sánchez del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2016 -conocida como ley vasca contra los abusos policiales-, que fue materializada en Consejo de Ministros el pasado 3 de agosto, fue «una cesión del Gobierno a los nacionalistas».

Más allá instaron a Casado a permanecer «vigilante» ante el nuevo texto normativo sobre esa misma materia que se aprobará en las próximas semanas en el Parlamento Vasco, en el que se recoge que «bastará con que las supuestas víctimas de abusos policiales declaren que lo han sido para que se les otorgue la condición de víctimas, sin un procedimiento judicial que lo avale, mientras que las víctimas del terrorismo han de seguir un procedimiento judicial ante un órgano jurisdiccional para demostrar que lo son».