Carmen Calvo esconde las propuestas de los ciudadanos para la nueva ley de Memoria Histórica

La cosa va más allá. No es que el ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática no haya publicado la memoria del anteproyecto, donde se debería incluir una valoración de las propuestas ciudadanas , sino que admite que todavía no tiene elaborado el documento en el que se incluyen dichas aportaciones.

Así figura en una contestación, a la que ha tenido acceso ABC, que el departamento de la vicepresidenta primera remitió a un ciudadano que elevó su propuesta. Después, para conocer si la Administración había tenido en cuenta sus ideas, solicitó a través del Portal de Transparencia el expediente de las mismas. Para su sorpresa, el Ministerio le contesta que no puede tramitar su consulta porque, aunque el anteproyecto normativo está aprobado por el Consejo de Ministros, no ocurre lo mismo con la nota de evaluación de las propuestas.

El trámite de consulta pública al articular una nueva ley está regulado, al menos, por dos textos normativos: la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el artículo 26 del primer texto, punto tercero, se establece que en estos casos debe elaborarse «una Memoria de Análisis de Impacto Normativo» vinculada a la nueva ley. La memoria, como detalla el epígrafe «g» ha contener, cuando menos, « un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública».

Nada se sabe de la memoria del anteproyecto ahora que el proceso de consulta pública está cerrado y mucho menos del resumen de las aportaciones ciudadanas. La actuación de Calvo al ocultar esta información contrasta con la forma de actuar de otros «colegas» suyos en el Consejo de Ministros. Trabajo, por ejemplo, sí cumple con el trámite y, en el Portal de Transparencia muestra todos los documentos referidos a otra ley bastante importante, la del Teletrabajo, también el anteproyecto y las propuestas recibidas. «Deberían hacer igual, así todas las personas podrían ver si sus aportaciones se han tenido en cuenta o no», respalda Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y uno de los mayores expertos en Transparencia de España.

Este hecho ha incendiado a aquellas personas que, haciendo uso de su derecho, se tomaron la molestia de enviar sus aportaciones a esta nueva ley y que ahora, con el anteproyecto ya aprobado por el Consejo de Ministros y con la nueva norma en los despachos del Congreso, no saben si su tiempo ha servido de algo o si ni siquiera se tomaron en cuenta. Especialmente molestos están en las asociaciones contrarias a elaborar una nueva ley en la materia. «No nos han tenido en cuenta para nada, es una ley hecha para media España», critica Guillermo Rocafort, secretario de la Asociación Memoria Histórica Raíces, desde donde confirma que también remitieron varias propuestas que no tienen forma de ver si han sido adoptadas: «Por lo que veo del anteproyecto, parece que no, pero tampoco tenemos explicación alguna».

Igual de enfadado -y resignado- está José Luis Marín, presidente del Colectivo de Familiares de Caídos en Rusia. «Vemos que nuestra petición ha caído en saco roto, aunque tampoco teníamos muchas esperanzas», reconoce Marín, quien revela que aprovechó la oportunidad para pedir al Gobierno «reconciliación, reconciliación y reconciliación». «No queríamos que se reabrieran heridas, pero ya da igual, el anteproyecto está aprobado» , se queja el presidente de una asociación que no se quiere vincular a ninguna ideología y que quiere dar ejemplo: «Aquí se defiende igual a un divisionario que al hijo de la Pasionaria, que también murió en Rusia, en Stalingrado».