Campo inicia en pleno estado de alarma la reforma que deja la investigación al fiscal

En una nota informativa, el Ministerio señala que la redacción de una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo, y que desde su inclusión en el Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, tanto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy elaboraron sus propios textos que, finalmente, no llegaron a ser debatidos ni aprobados en las Cortes Generales. El actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la incluyó entre sus prioridades en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del pasado 17 de febrero y se comprometió a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de que finalice el presente año.

Aunque la mayoría de los países de nuestro entorno han adoptado este modelo procesal, lo cierto es que se produce en un momento en el que la imagen de imparcialidad e independencia del Ministerio Público no atraviesa en España uno de sus mejores momentos tras el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Su examen de idoneidad en el CGPJ provocó una de las fracturas más sonadas en su seno desde que inició su mandato.

La reforma de Campo, de la que fue precursor el exministro Francisco Caamaño con el propio Campo como secretario de Estado, pretende convertir al actual juez de instructor en un juez de garantías y que la investigación esté en manos de la Fiscalía . La futura ley procesal también perseguirá mejoras en la tutela de los derechos de las víctimas, introducción de nuevos medios de investigación tecnológica y nuevas garantías en materia de protección de datos y derechos digitales, entre otros objetivos.

Desde su aprobación hace 138 años, la actual ley ha sufrido más de 70 modificaciones, 50 de ellas tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978. «La norma, con disposiciones redactadas a lo largo de tres siglos, obliga a una reinterpretación constante por parte de los juzgados y tribunales para dotarla de coherencia y adaptar su contenido a las circunstancias actuales. Sus sucesivas reformas han provocado una progresiva acumulación de deficiencias estructurales producto de su inadecuación al tiempo presente, razón por la cual urge acometer la reforma integral que posibilite su actualización», señala la nota de Justicia.