Las cámaras de seguridad que sean sólo disuasorias también afectan a la intimidad

La sociedad condenada era propietaria de una finca contigua a la del demandante, con servidumbre de paso a favor de esta última. Los dueños de la sociedad instalaron dos cámaras de seguridad que eran en realidad una simple carcasa alimentada por una batería. No eran aptas para grabar, sino que tenían una mera función disuasoria.

Antes de llevar el caso a los tribunales, el demandante, a quien el Supremo da la razón, formuló denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD, que archivó el expediente. Aunque el juzgado de primera instancia desestimó la demanda, la Audiencia Provincial revocó su decisión y apreciando la existencia de intromisión ilegítima en la intimidad del demandante.

El Tribunal Supremo confirma dicha decisión y recuerda que al menos una de las cámaras, por su orientación hacia el jardín exterior de la vivienda , posibilitaba que el demandante y su familia pudieran sentirse observados en su propia parcela y no solo en la entrada y salida de la finca.

La Fiscalía sostuvo que el atentado a la intimidad debe ser objetivo, no basado en una sensación , porque esa supuesta «alteración psíquica» a la que se veía expuesto el demandante «nada tiene que ver con su intimidad, que no se ha visto violentada en caso alguno, ni objetiva ni subjetivamente».

El Tribunal Supremo discrepa. La situación, a su juicio, era objetivamente idónea para coartar su libertad en la esfera personal y familiar, pues quien se siente observado hasta ese extremo no se comportará igual que sin la presencia de cámaras, y «no tiene por qué soportar una incertidumbre permanente acerca de si la cámara orientada hacia su finca es o no operativa , pues su apariencia externa le impide comprobarlo, mientras que la demandada siempre tendría la posibilidad de sustituirla por una cámara operativa».