La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo - EFE/ Vídeo: El Congreso avala el decreto para exhumar a Franco

El Congreso convalida la exhumación de Franco

Calvo defiende la salida del dictador del Valle de los Caídos para «sacar a España de la vergüenza»

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Aunque toda la atención de la clase política está centrada esta mañana en la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecida en exclusiva por ABC, el Pleno del Congreso continúa su labor y ha convalidado esta mañana el Real Decreto para la exhumación de los restos de Francisco Franco con los votos a favor del PSOE, Podemos, PNV, ERC, PDECAT, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias (176). PP y Ciudadanos se han abstenido (165) y dos diputados del PP han votado por error.

El texto será ahora tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia para que los grupos de la oposición puedan introducir enmiendas durante su tramitación. El decreto establece que «en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda».

La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha sido la encargada de defender el texto desde la tribuna de oradores. Y lo ha hecho pidiendo el apoyo de los grupos para sacar «a nuestro país de esta vergüenza». Ha advertido que el descanso del dictador en el Valle «es una atroz anomalía en un estado democrático» porque los restos de Franco se encuentran en un mausoleo del Estado, donde puede ser exaltado. «Una anomalía que ninguna democracia sostendría ni habría sostenido: la presencia del dictador en el mismo lugar donde estan las víctimas» ha continuado. «No hay paz ni concordia mientras los restos de Franco estén en el mismo lugar que el de las víctimas», abundó. «Las víctimas que allí están, se merecen paz y respeto y estamos obligados a hacerlo», abundó.

En tono pausado, la número dos del Ejecutivo ha criticado con dureza el «retraso» de España a la hora de «normalizar una situación que cualquier democracia madura habría requerido». Ha apoyado su argumentación en la aprobación de la Ley de Memoria Histórica hace once años -aunque ese texto no recoge la exhumación-, las tres ocasiones en las que el Congreso se ha posicionado en los últimos años a favor de exhumar los restos y las peticiones de Naciones Unidas en el mismo sentido.

Y ha justificado la polémica urgencia que acompaña al decreto en que el Gobierno no ha querido «dilatar el tema ni un solo instante» ante el «agravio rotundo» que supone para las familias que aún no saben donde están enterrados los restos de sus familiares represaliados. «No puede haber más dilaciones ni más debate. Quien no vea la urgencia, no ve la necesidad. Quien no vea la forma, no está viendo el fondo», ha resaltado.

No obstante, estos argumentos han convencido solo parcialmente a los grupos de la oposición. Los socios del Gobierno han avanzado su apoyo para la convalidación del texto pero algunos han criticado su urgencia y la ausencia de unanimidad, mientras otros han advertido que el texto es insuficiente. Así, el aliado de referencia del Ejecutivo, Podemos, ha afeado a la vicepresidenta que el texto se quede corto, y lo mismo el portavoz adjunto del PDECAT, Jordi Xuclà, que además ha expresado su «sorpresa» porque el Ejecutivo no haya buscado el consenso de PP y C'S. «Todos se deben sentir recogidos», ha criticado. «Se les ve el plumero», ha advertido a Calvo.

Para repeler los ataques, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, se ha comprometido a ir más allá durante la tramitación del texto como proyecto de ley. Los socialistas incorporarán la creación de la Comisión de la Verdad y la anulación de los tribunales franquistas y sus sentencias, como le ha pedido por ejemplo el portavoz de ERC, Joan Tardà. Lastra, además, ha intentado ofrecer una imagen de búsqueda de consenso implorando a PP y C'S su voto a favor para «cerrar juntos el capítulo más negro de la Historia». «No se abstengan, por dignidad», ha reclamado sin éxito».

Por parte del PP ha intervenido el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para defender una abstención en la que ha coincidido con Ciudadanos. Ha atacado también a Calvo por la urgencia con que se ha tramitado el decreto y ha advertido que la exhumación de los restos de Franco obligará a mover también el cuerpo de 19 monjes benedictinos que descansan en la basílica.

Desde la formación naranja, el secretario general del partido, José Manuel Villegas, ha argumentado el cambio de criterio de su grupo -en 2017 apoyó la exhumación- en la declaración de urgencia del texto. «Afrontémoslo bien, no por un mecanismo inadecuado. No nos traigan chapuzas, trabajemos en serio para que el Valle de los Caídos no sea un monumento a la dictadura», ha cargado Villegas. El número dos de Ciudadanos ha acusado al presidente del Gobierno de «buscar una solución rápida para que Sánchez tape sus problemas». Y no ha dudado en echar en cara de Calvo que el dictamen elaborado por los expertos en 2011 recomendaba que la exhumación se llevara a cabo buscando «los más amplios consensos».

Al final del Pleno, la vicepresidenta ha tomado la palabra para contraatacar al PP y Ciudadanos a los que ha acusado de «ponerse de perfil contra la dictadura». «Van a abstenerse y decirle a los españoles que un dictador no puede ser enaltecido, algunos incluso cambiando de posición», ha criticado en alusión a Ciudadanos.

Quince días para responder

Los siete nietos de Franco han recibido durante esta semana las notificaciones del expediente de exhumación de los restos del dictador, de manera que se abre un plazo de 15 días para que éstos aleguen e indiquen dónde quieren que sea enterrado su abuelo, informa Servimedia.

Todos ellos han dejado constancia -ante notario y en una comunicación enviada a La Moncloa- de que no quieren hacerse cargo de los restos de Franco. Una vez que el Gobierno reciba las contestaciones, el Consejo de Ministros tomará la decisión de continuar con el procedimiento.

Errores en la votación

La votación ha tenido como anécdota los votos en contra por error tanto del expresidente del Congreso, Jesús Posada, como del diputado José Ignacio Llorens. Ambos del PP.