La caída del «president» Torra auparía a Pere Aragonès

Aunque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el presidente de la Generalitat es inminente, el fallo, de ser condenatorio, no implicaría la inhabilitación automática de Quim Torra . No se ejecutaría hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie tras un hipotético recurso. Las fuentes consultadas apuntan a que –siempre en caso de condena– nos situaríamos fácilmente ya en el último trimestre de 2020.

El escenario sería inédito, decíamos, pero al menos los primeros compases serían predecibles. Si el Tribunal Supremo inhabilita a Torra, de manera automática asumiría su cargo el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès. Así lo establecen los artículos 6.2, 7.1 y 7.3 de la Ley 13/2018 de la Presidencia de la Generalitat y del Govern. Luego, se abriría un plazo de diez días para que el Parlamento catalán elija un nuevo presidente de la Generalitat. De no lograr un acuerdo, habría dos meses más de margen. Si los grupos parlamentarios no son capaces de encender la fumata blanca, se convocarían elecciones.

Durante esta «regencia» de Pere Aragonès habría de ser Junts per Catalunya (JpC) quien presentase a un candidato a ocupar el Palacio de la Generalitat. Y es que así lo acordaron JpC y Esquerra, las dos fuerzas secesionistas que sostienen el Govern. El pacto de gobierno sitúa a un miembro de ERC al frente del Parlamento y a un posconvergente al mando de la Generalitat. Fuentes de JpC explicaban hace poco a ABC que, de consumarse la inhabilitación de Torra, la primera opción sería el fugado Carles Puigdemont, que todavía mantiene su condición de diputado autonómico. Desde luego, desde las filas republicanas no verían bien esta excentricidad y no harían mucho ruido si, llegado el caso, los tribunales volvieran a impedir que Puigdemont se aupase al sillón de la Generalitat. No sería la primera vez que sucede algo parecido. Tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2017, los posconvergentes presentaron hasta tres candidatos, que, por distintas razones, los tribunales o la CUP acabaron tumbando: el propio Puigdemont , Jordi Sànchez y Jordi Turull. El primero ya se había fugado a Bélgica y los dos siguientes estaban entonces en prisión preventiva. En caso de que la Justicia vetase de nuevo a Puigdemont –o que JpC desistiese de proponerlo– el candidato habría de presentar dos características esenciales. Una legal, tener acta parlamentaria. Y, otra, imprescindible dada la situación en la que se encuentra el separatismo: tener el visto bueno del expresidente fugado en Waterloo (Bélgica). Elsa Artadi o Eduard Pujol podrían entrar en estas quinielas.

Lo normal sería que ERC acabara aceptando y votando el candidato que presente JpC. Pero, de no llegar tal acuerdo, la cosa acabaría irremediablemente conduciendo a unas elecciones autonómicas. Ninguna de las dos fuerzas separatistas mayoritarias lo desearía, pero ese sería el desenlace si no hay pacto. Además, si se cumplieran las previsiones de que el Supremo resolviese en el último trimestre de 2020 –siempre, insistimos, que haya condena–, la legislatura ya habría superado los tres años, con lo que un adelanto electoral tampoco sería descabellado.