Los cabecillas de la Gürtel piden al Supremo que anule el caso por las escuchas ilegales de Garzón

El abogado del cabecilla Francisco Correa ha verbalizado esta queja. El letrado ha argumentado que estas escuchas permitieron a la policía investigadora, a la Fiscalía Anticorrupción y al juez instructor acceder «a las estrategias» de la defensa. Ha denunciado la contaminación que estas escuchas ilícitas generaron en las vías de investigación que se abrieron, y ha atacado especialmente a la UDEF, la policía especializada, que ha marcado el camino de la causa. Según Correa, los informes de estos agentes han condicionado la instrucción y muchas imputaciones.

Con el mismo objetivo de anular el caso Gürtel, la defensa de Pablo Crespo ha denunciado la ilegalidad de las otras escuchas que originaron el estallido del caso: las grabaciones del delator José Luis Peñas , que grabó a Correa mientras hacía vida con él, unas escuchas que permitieron advertir las actividades corruptas. El abogado ha asegurado que estas grabaciones lesionaron el derecho a la intimidad de los acusados y que sembraron «la semilla de la planta de la cicuta», un veneno con el que, según el abogado de Crespo, trabajó después la Policía para investigar.

Aunque los dirigentes de la trama han expuestos estos argumentos en numerosas ocasiones, chochando siempre contra el muro de la Justicia, que les ha negado la razón, es la primera vez que lo solicitan ante la Sala Penal del Supremo, la cúspide del sistema de impugnaciones, que deberá posicionarse sobre la validez del caso.

La Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia han validado en diversas ocasiones la legalidad de la investigación y las grabaciones de Peñas, avalando el hilo que destapó uno de los casos de corrupción que ha sobrevolado la política en la España reciente. El Supremo, el mismo tribunal que condenó a Garzón por prevaricación al interceptar las conversaciones entre los abogados y los líderes de la Gürtel, deberá analizar esta cuestión y sostener o derrumbar el caso. El abogado del tercer principal dirigente de la trama, Álvaro Pérez, alias el Bigotes , también ha planteado que el mismo tribunal que enjuició los amaños de los contratos valencianos fue el que resolvió los recursos del procesamiento, un vicio que no está permitido, como demuestran más de 200 sentencias, ha alegado.

Estas alegaciones han sido expresados por los abogados de los principales acusados en la vista celebrada esta miércoles en el Tribunal Supremo, quien revisará las condenas a los cabecillas de la trama Gürtel por amañar contratos de la Generalitat Valenciana en la feria de turismo Fitur en sus ediciones de 2005 a 2009. El Alto Tribunal escucha los argumentos de las partes y deberá resolver si la sentencia es correcta, si la calificación jurídica del tribunal de primera instancia que enjuició lo que sucedió se corresponde con los hechos probados.

En su turno para exponer sus argumentos, la Fiscalía se ha opuesto a todos los motivos expuestos por los condenados y ha cargado contra la trama Gürtel. El representante del Ministerio Público ha descrito al entramado de Correa como «una trama criminal permanente que se ha dedicado a saquear las arcas públicas». «Todos los que trabajaban para Correa participaron», ha añadido el fiscal Javier Zaragoza , quien ha explicado que los funcionarios de Fitur podrían haber sido condenados si la causa se hubiera juzgado en el Tribunal Supremo. El fiscal también ha negado los vicios alegados por los condenados y ha asegurado que la escuchas ilegales «se apartaron» del proceso desde el primer momento y «no han tenido ninguna influencia».

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) condenó a 13 años de prisión a Francisco Correa, el capo de la red, y a su lugarteniente Pablo Crespo, considerado el número dos. Álvaro Pérez, alias «el Bigotes», fue condenado a doce años. Los tres fueron encarcelados de forma preventiva, tras pedirlo la Fiscalía por riesgo de fuga, y los tres esperan la sentencia de la Audiencia Nacional por las actividades de la red en su primera época , entre 1999 y 2005, en regiones como Madrid, Castilla y León o Murcia. La Fiscalía ha anunciado que se opone a todos los recursos y solicitará mantener las condenas.