Caamaño cuestiona el alcance de la acción popular en pleno proceso contra Garzón
«Me plantea muchísimos problemas desde el punto de vista jurídico y político» que Falange pueda sentar a un juez en el banquillo de los acusados, dijo
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, intervino ayer en la polémica que se ha abierto a raíz de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pueda ser llevado a juicio por su instrucción de la causa sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo como consecuencia de la acusación que ejercen en solitario Manos Limpias, Falange Española de las Jons y la asociación Identidad y Libertad. La Fiscalía, por su parte, ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela que no dicte la apertura del juicio oral sino el sobreseimiento de las actuaciones pues estima que los hechos no son constitutivos del delito de prevaricación.
En una entrevista a la «Cadena Ser», Caamaño habló de los problemas que, en su opinión, acarrea que el ejercicio de la acusación popular tenga «márgenes tan amplios» de interpretación en nuestro proceso penal. «Me plantea muchísimos problemas desde el punto de vista jurídico y político», se limitó a indicar el ministro, pues precisamente por su condición de titular del departamento de Justicia prefirió no emitir una opinión más concreta sobre el asunto.
Sí consideró, por el contrario, que «llama mucho la atención» el hecho de que las tres organizaciones citadas puedan por sí mismas sentar a un juez en el banquillo de los acusados cuando ni son víctimas del delito ni son, como lo es el Ministerio Fiscal, los encargados por la Constitución de la defensa de la legalidad y del interés público y social.
Necesaria reflexión
Caamaño reclamó que se reflexione sobre los límites del ejercicio de la acción popular y señaló que si esta cuestión ha suscitado un debate, el Tribunal Supremo deberá volver a pronunciarse.
Las palabras del ministro de Justicia se producen el mismo día en que se ha conocido el escrito con el que la Fiscalía del Supremo se opone a la apertura del juicio oral contra Baltasar Garzón en el caso de la «memoria histórica» porque, en su opinión, la acusación popular carece de «legitimación procesal» para impulsar el procedimiento por sí misma, sin el apoyo del fiscal o de una acción particular.
El escrito del fiscal vuelve a plantear ante la Sala Segunda del Supremo una cuestión que ha dado lugar a dos corrientes doctrinales en principio contrapuestas: la llamada «doctrina Botín», que impide a la acusación popular promover la acción penal en el procedimiento abreviado si el fiscal o los perjudicados del delito no acusan. Y la llamada «doctrina Atutxa», posterior a la primera, y según la cual la acción popular sí está legitimada en los casos en los que el delito no tiene perjudicados directos y el fiscal pide el sobreseimiento.
Además, el propio Luciano Varela lanzó el miércoles una seria advertencia a dos de las tres acusaciones populares -Manos Limpias y Falange- que acusan a Garzón por prevaricación por el contenido excesivo de sus escritos de acusación. Ninguna de las dos se ha ceñido al relato de los hechos objeto de enjuiciamiento, sino que han incluido valoraciones personales sobre el magistrado de la Audiencia Nacional así como afirmaciones propias de un debate ideológico que son las que Varela se ha visto en la obligación de censurar.
Tanto Falange como Manos Limpias disponían de un plazo de un día para subsanar esas cuestiones y adaptar sus escritos de acusación a lo previsto en la ley. De lo contrario, el magistrado les impediría ejercer la acusación.
Por otra parte, los abogados que se han querellado contra Garzón por la financiación de su estancia en Nueva York se han dirigido al instructor de esa causa en el Supremo, Manuel Marchena, para que amplíe el objeto de la investigación.
Sostienen que Cepsa hizo un donativo de 100.000 dólares al Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York en el año 2005 para financiar unas conferencias en las que intervenía el juez Garzón. Según los dos querellantes, en esas fechas Cepsa estaba participada por el Banco Santander.
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