Boya (CUP) dice en el juicio del «procés» que los registros del 20-S fueron una «provocación» del Estado

Procesada en esta misma causa, pero en la pieza que la Sala Penal desgajó en diciembre para remitirla al TSJ de Cataluña, Boya se presentó ante el tribunal del «procés» con un doble objetivo: exculpar a los «jordis» del asedio a la Guardia Civil y justificar las concentraciones contra los registros que se llevaron a cabo el 20-S en Cataluña.

La exdiputada tenía la opción de no declarar para no perjudicar su defensa, pero decidió lanzarse al ruedo en compañía de su abogado, como en su día hizo el mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero. Pero si aquel utilizó el salón de plenos como un trampolín para autoexculparse, Boya aprovechó la ocasión para calificar de «provocación» los registros policiales y judiciales del 20-S y para reconocer la autoría en una decena de tuits en los que llamó a manifestarse. No obstante, la exparlamentaria autonómica sostuvo que el objetivo de las concentraciones no era impedir el desarrollo del trabajo de la comisión judicial, sino para defender el derecho de sufragio el 1-O.

En su intento de defensa de Jordi Sànchez, procesado por rebelión por su papel protagonista el 20-S, Boya reconoció al expresidente de la ANC un perfil pacifista que se negó a sí misma, pues, según ella, fue Sànchez quien, ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, quiso desconvocar la concentración. La diputada Eulalia Reguán y Boya se opusieron a hacerlo, ha dicho la testigo, al entender que la gente «ejercía libremente su derecho de protesta». Finalmente, Boya accedió y se subió al capó de uno de los vehículos «saqueados» de la Benemérita, que utilizó como «atril» para dirigirse a las masas. La dirigente de la CUP sostuvo que las primeras palabras de su discurso («Sé que a muchos se vosotros os gustaría estar subidos a un Patrol de la Guardia Civil») fueron en «clave humorística» y no para azuzar a los manifestantes contra los agentes.

Detrás de Boya vendrían otros testigos que subrayarían el carácter «festivo y pacifista» de una concentración que impidió que los propios detenidos pudieran asistir a los registros de sus dependencias y que forzó la salida de la secretaria judicial por la azotea.

Quienes también desfilaron ayer por el tribunal como testigos de las defensas fueron responsables jurídicos y de contratación de la Generalitat. Lo hicieron para negar que el «Govern» de Puigdemont gastara un euro en la logística del referéndum. El jefe del gabinete jurídico de la Generalitat Francesc Esteve aseguró que no hay «ningún cargo, reserva de crédito o factura de cartelería y papeletas que tengan relación con el 1-O». El testigo intentó salvar al exconsejero Jordi Turull, al sostener que le dio la indicación de que los servicios jurídicos de las distintas Consejerías debían colaborar con las comisiones judiciales desplazadas a los registros. Pese al incisivo interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal, Esteve no aclaró si aconsejó a la Generalitat que desconvocara el referéndum a tenor de su ilegalidad. Se limitó a señalar que cada resolución del TC iba acompañada de «una nota interpretativa de los juristas». Pero no desveló en qué sentido.