Bousselham se apoya en Villarejo para pedir al juez que recupere la tesis de las «cloacas»

El escrito, de 15 páginas y al que tuvo acceso ABC, pide citar a declarar al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; a su director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino; y al inspector jefe que según Villarejo, redactó el apócrifo informe Pisa, José Ángel Fuentes Gago; para profundizar en lo que entiende, explicaría por qué una copia de ese teléfono pasó por varias redacciones hasta acabar en un ordenador de Villarejo.

Para argumentar la necesidad de esas diligencias, el escrito de Bousselham da por buena una parte de la declaración sobre el tema que prestó el propio comisario. Afirmó, entre otras cosas, que tras recibir el volcado del teléfono de manos del entonces director de Interviú, lo transmitió a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, aún siendo consciente de que su contenido no tenía «ningún interés policial».

La defensa de Bousselham llama la atención sobre la coincidencia de dos detalles. Por un lado, asegura, basándose en una noticia de prensa, que la primera versión del célebre informe PISA salió de la UDEF tres días después del robo del móvil, en noviembre de 2015. Por otro, destaca que ese trabajo apócrifo sobre la financiación de Podemos cuya veracidad desmontarían los tribunales contenía datos bancarios de Pablo Iglesias que también estaban en el teléfono robado.

Alude también a los otros dos imputados en este asunto, los periodistas de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, investigados por una presunta revelación de secretos al haberle entregado a Villarejo la información del móvil de Bousselham que les había llegado a la redacción en un sobre anónimo. Ambos alegaron que la entrega se produjo en respuesta a un requerimiento policial verbal del comisario, un argumentario que no ha asumido el juez pues mantiene a ambos investigados por una presunta revelación de secretos.

Para la defensa de Bousselham, es clave este punto, ya no para esclarecer lo que toca estrictamente a su situación como víctima de un robo, sino para incidir en que la sustracción y posterior publicación de información que contenía el móvil tenía en realidad que ver con una campaña contra Podemos.

«Dadas las declaraciones de ambos imputados, el Sr Villarejo y Sr Rendueles (...) se hace necesario tomar declaración a las personas indicadas previamente y señaladas por el Sr Villarejo, ya que existen indicios suficientes para sospechar, que se realizaron investigaciones sobre Podemos y sus miembros, presuntamente con cargo a los fondos reservados del Estado, ordenadas desde el gobierno a los mandos de la policía, y en dicho contexto se produce el robo del móvil de la Sra Dina Bousselham», señala.

Con todo, buena parte del escrito se dedica a criticar que a lo largo de la instrucción «se han venido realizando diferentes diligencias de instrucción que al humilde entender de la parte son ajenas al presente procedimiento y no guardan relación con los elementos obrantes en la causa» y que han desembocado en una «doble victimización» de la propia Bousselham, por una «actividad instructora plagada de sospechas y prejuicios».

«Corresponde la adopción de diligencias relacionadas con el origen de la incautación de la copia del material sustraído en el registro realizado al Sr. Villarejo, ajenas a quienes fueron víctimas de la inicial actuación delictiva mediata y la posterior nueva actuación delictiva, para evitarse una doble y nueva victimización de los mismos», argumenta.

Las inconsistencias en los testimonios de Bousselham, su marido y el propio Pablo Iglesias acabaron abriendo otra derivada en esta investigación que ha acabado llegando a cuestionar incluso que el robo llegase a producirse.

En el caso de Bousselham, ocultó en primer lugar que había recuperado la tarjeta del móvil sustraído de manos de Pablo Iglesias; luego la aportó al juzgado diciendo que no funcionaba y que pensó en enviarla a reparar pero no recordaba si había llegado a hacerlo. Después, diría que Iglesias se la devolvió en el verano de 2016 y en esas fechas la envió a un servicio técnico porque no conseguía abrirla y ver el contenido. Luego se acreditaría que quien la envió al servicio técnico fue su marido y meses después, en febrero de 2017. El último giro fue retractarse: ni se la dio rota ni tuvo problemas para acceder al contenido en primer lugar, aunque luego (sin precisar cuándo ni cómo) dejó de funcionar.

Entretanto, el juez ha acordado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la causa al apreciar indicios de que retuvo la tarjeta sin saberlo su legítima propietaria (revelación de secretos) y pudo incluso dañarla antes de devolverla (daños informáticos). También ha librado oficios tendentes a analizar a fondo el estado del dispositivo, recabar la visión sobre el mismo que tuvieron en esa empresa de servicio técnico, tratar de esclarecer quién la entregó en primer lugar a la revista Interviú o qué circunstancias rodearon el robo.