Bono ordenó a los militares «no hablar más» sobre el Cougar

Los familiares así lo entienden, tal como se desprende de los testimonios de algunos de ellos que, como ayer publicó ABC , acusan a Bono de « ocultar la verdad , «destruir pruebas y dejarlos «desprotegidos, indefensos y desamparados», según Eduardo Guitard, padre de David Guitard, capitán y, según algunas de las versiones sobre lo que sucedió, piloto del helicóptero que se estrelló el 16 de agosto de 2005.

Si fue un fallo mecánico del aparato, un error del piloto o un ataque talibán lo que derribó a uno de los dos helicopteros, no se sabe aún. Pero lo que se desprende de las investigaciones realizadas por el juez militar en la reapertura de la causa judicial, después de un primer archivo, es que hay muchas contradicciones y un intento de impedir que las familias escudriñen sobre los miles de papeles del sumario de un proceso que se archivó por segunda vez.

Uno de esos documentos pone de relieve las distintas versiones sobre si el Gobierno de Zapatero, a través del ministro José Bono, se afanó en impedir que los ocupantes del segundo helicóptero hablaran sobre lo que vieron. Uno de estos testigos fue un capitán que declaró en la causa el 1 de junio de 2010. En su declaración, a la que ha tenido acceso ABC, afirma, en primer lugar, que «alguien de Defensa, sin recordar quién, le dijo que era conveniente que se dijera algo sobre el accidente».

Así lo hizo «al llegar a territorio nacional» y concedió una entrevista a un diario nacional, «en cumplimiento de la observación que le habían hecho con anterioridad». Por ello, asegura que «contestó».

Sin embargo, la publicación de esta declaración no fue bien vista por altos cargos del Gobierno de entonces, entre ellos el propio ministro José Bono, que le impuso la ley del silencio , siempre según la declaración judicial del oficial: «Al día siguiente recibió orden de presentarse en el ministerio, donde estaba un general, la persona que había dicho que se debía de contar algo a la prensa y después el propio ministro Bono, el cual le dijo que a partir de ese momento no hablara más».

Pero esta versión del intento del ministro de silenciar a los testigos presenciales del accidente fue desmentido por el propio Bono. En su declaración por escrito ante el juez del 15 de marzo de 2010 -no quiso presentarse en persona como sí hizo en el sumario del Yak-, lo negó. A la pregunta de si «usted ordenó que la cadena de mando remitiera a las unidades, a la que pertenecían los militares fallecidos, orden expresa de guardar silencio sobre los hechos y de no atender o entrevistarse con los medios de comunicación», el ministro de Defensa escribió un escueto «no».

No fue éste, aunque sí el más importante, el único intento de pasar página del accidente. Eduardo Guitard, el familiar más activo en la búsqueda de la verdad y el que contribuyó a la reapertura de la causa, recuerda que un alto cargo militar le dijo que «tuviera cuidado con lo que estaba haciendo porque me podía llevar una sorpresa».

La «omnipresencia» de Bono en todo este proceso, al desplazarse a Afganistán para estar presente durante la recogida de restos, la redacción del atestado y el traslado de los cuerpos a España, es lo que despertó en su momento las sospechas sobre las causas del siniestro. Así lo recuerda a ABC Mariano Casado, que llevó la representación jurídica de Eduardo Guitard: «Dirigió parte de la investigación inicial del procedimiento, que es la clave de todo. Como el juez no estaba en Afganistán y su alter ego en el terreno era el asesor jurídico de la misión, Bono lo orientó sobre cómo debía de ser el atestado».

Casado llega a afirmar que el proceso estuvo « impregnado de sugerencias de la máxima autoridad política», en este caso Bono y por ello hay causas probadas para pedir la «nulidad». De hecho, este representante jurídico llegó a pedir la anulación del atestado que se hizo del accidente por las contradicciones encontradas, ya que el militar cuya firma aparece como secretario del mismo, un sargento primero, negó esta condición.

En el careo con el instructor del atestado, un teniente coronel, que tuvo lugar el 16 de diciembre de 2010, afirmó que «nadie le notificó su nombramiento como secretario» y que se le nombró «con posterioridad a la recogida de los restos del segundo helicóptero». Además, afirma que «ayudó gustosamente durante esos dos días, pero por su propia voluntad», y que «si hubiera actuado como secretario considera que debería haber estado presente en todas las diligencias y actas firmadas».

La censura de Bono le llevó incluso a aplicar la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas al Brigada Jorge Bravo, al que sancionó con un mes y un día de arresto por asegurar que «a algún militar se le recomendó que no hablase del tema de Afganistán» y que primó «la identificación de cadáveres frente a la investigación del accidente».