El bloqueo de JpC impide la renovación de las instituciones del Parlamento catalán

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) es la institución de la Generalitat que vela por el encaje legal de las normas que se aprueban en el Parlamento autonómico o decreta el gobierno catalán. Está formado por nueve miembros (por un periodo de nueve años no prorrogable, seis miembros escogidos por un acuerdo de las tres quintas partes de los diputados autonómicos y los otros tres por el gobierno catalán directamente), pero solo tiene ocho plazas cubiertas, y dos están en prórroga desde finales de 2015, su presidente, Joan Egea (propuesto por CiU), y Carles Jaume (PP).

Tras las elecciones autonómicas de 2015, el CGE envió una carta a la Cámara catalana para recordarle que tenía la obligación de renovar a los miembros de la institución . Desde entonces solo se ha renovado una vacante (la de Joan Ridao, exdiputado de ERC, que obtuvo una plaza como letrado parlamentario), que la ocupó Margarida Gil, experta jurista y esposa del exconsejo de Interior y exdiputado en el Congreso, Jordi Jané (PDECat).

En las negociaciones que mantienen en las últimas semanas representantes de Junts per Catalunya (JpC) y ERC para formar gobierno y, sobre todo, elegir al sustituto de Carles Puigdemont, uno de los escollos más difíciles de resolver es la elección de los miembros del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), es decir, quién controla TV3 y Catalunya Ràdio.

El Parlament elige a los seis miembros del Consejo de Gobierno de la CCMA por un acuerdo de dos tercios de los diputados, o, si no hay acuerdo, por mayoría absoluta. Son elegidos para seis años. Sus miembros caducan el 28 de marzo, ya que fueron escogidos el 28 de marzo de 2012 . Sin embargo, aprovechando un cambio de la normativa de la CCMA de ese mismo 2012 se acordó que tres de los seis miembros entonces escogidos y que renovaban su cargo serían reemplazados a los tres años, es decir, en 2015. Un acuerdo que afectaba al presidente, Brauli Duart, a la vicepresidenta, Núria Llorach (ambos a propuesta de CiU), y a Armand Querol (PP). Sin embargo, ahí siguen estos consejeros junto al resto del equipo de gobierno. Todo indica que se llegará al 28 de marzo y la dirección política de TV3 y Catalunya Ràdio estará caducada.

Una prórroga en la que ya están los 14 miembros (de 16 posibles) que forman parte del Consejo Asesor de Contenidos y Programación de la CCMA. Todos fueron nombrados en 2012 para un periodo de cuatros años. Desde 2016, este organismo al completo y que debe representar «la pluralidad de la sociedad catalana» está ejerciendo sus funciones de manera irregular.

La Sindicatura de Cuentas fiscaliza «las cuentas, la gestión económica y el control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña». Está formada por siete miembros (por un periodo de seis años y gracias a un acuerdo de las tres quintas partes del Parlament), pero actualmente solo hay 6 ya que no se renovó la dimisión de Andreu Morillas (propuesto por el PSC). Además, tres de los seis síndicos están ejerciendo en prórroga desde marzo de 2017: Joan-Ignasi Puigdollers (CiU), Maria Àngels Servat (CiU y PP) y Emma Balseiro (PP).

Un organismo siempre polémico es el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), recogido en el Estatuto, tiene incluso capacidad de decisión sobre las licencias de radio en la región. El CAC tiene seis consejeros elegidos también por dos tercios de los diputados o por mayoría absoluta. Sus miembros ejercen como consejeros durante seis años no prorrogables. Desde el verano de 2016, Carme Figueras (a propuesta del PSC) tiene su mandato caducado. El próximo julio, su presidente, Roger Loppacher (CiU), y su secretario, Daniel Sirera (PP), también cumplirán los seis años de designación.

Estos organismos derivan del Parlament y tratan de reflejar su pluralidad, por lo que el partido más perjudicado de la falta de renovación es Cs, que no tiene ni un solo representante en ninguna de las instituciones bloqueadas. También ERC vería aumentada su participación, ya que desde 2012 su peso parlamentario ha aumentado.