Reunión ayer de la Mesa del Congreso
Reunión ayer de la Mesa del Congreso - EP

Batet se queda sin margen y el Congreso debate hoy de nuevo la suspensión de los presos

La Mesa del Congreso se reúne a las 12.30 horas y analizará el informe de los letrados que la presidenta solicitó ayer

MadridActualizado:

El juez Manuel Marchena puso ayer en evidencia a Meritxell Batet, y dejó claro que el Tribunal Supremo no va a realizar el trabajo que le corresponde a la Cámara Baja. En una respuesta escueta, el magistrado devolvió al Parlamento la decisión de suspender a los presos del «procés» diputados y calificó de «inviable» elaborar el informe que le pidió la recién nombrada presidenta del Congreso.

A pesar de conocer esta posición del Alto Tribunal, Batet volvió ayer a ganar tiempo, solicitó un informe a los letrados del Congreso y aplazó la decisión a hoy, cuando la Mesa se volverá a reunir a las 12.30. La situación de los líderes secesionistas acapara el arranque de la nueva legislatura y la recta final de las elecciones del próximo domingo, envolviéndolo todo.

Al responder a Batet, el juez Marchena –presidente de la Sala Penal del Supremo y del tribunal del «procés»– se refiere al criterio que el Supremo emitió el pasado 14 de mayo, cuando rechazó suspender el juicio y permitió a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva acudir a la sesión constitutiva del Congreso y del Senado. Los cinco acusados fueron elegidos parlamentarios en las elecciones del 28-A. En aquella resolución, el Supremo manifestó que le corresponde a las Cortes adoptar la suspensión, sobre la que los magistrados no albergan ninguna duda. En ese auto está lo que debe hacer Batet.

No hace falta suplicatorio

El Alto Tribunal sustenta su posición en el artículo 21.2 del reglamento que regula el funcionamiento del Congreso. Según esta norma, los diputados que se encuentran en prisión preventiva y han sido procesados en firme, como los acusados del «procés», deben ser suspendidos por la Cámara Baja.

El Supremo dejó claro entonces que, a estas alturas del proceso, no es necesario el suplicatorio, la autorización que el Congreso debe otorgar para investigar a un diputado. Los jueces explicaron que ese permiso se requiere en la fase anterior del juicio, para inculpar o procesar a un parlamentario; pero no es un motivo para parar un juicio comenzado contra un encausado que se convierte en diputado con la vista ya iniciada. Por eso, ese presupuesto –al que también alude el artículo 21.2 del reglamento del Congreso– se da por superado. El Supremo considera, por tanto, que no es necesario para activar la suspensión y cree que así debe entenderse de su resolución del 14 de mayo, según informaron a ABC fuentes jurídicas. El criterio del Alto Tribunal es que la Mesa del Congreso tampoco puede obviar la suspensión prevista para los procesados en firme por el delito de rebelión, recogida en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la norma que regula el proceso penal.

La respuesta de Marchena esconde un dardo que retrata a Batet –que es profesora de Derecho Constitucional por la Universidad Pompeu Fabra–, al manifestar que la «configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido» sobre los términos de la suspensión. Es decir, el Supremo no puede ser un órgano de consulta según las atribuciones que otorga la Constitución al Poder Judicial, consistentes en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La contundencia de Marchena en su respuesta fue encajada por Batet, que aceptó los términos y que no procede ya la petición de un suplicatorio.

Pero tras una reunión de más de tres horas, la presidenta del Congreso rechazó gracias a la mayoría que PSOE y Unidas Podemos que se resolviese la cuestión ayer mismo, como pedían PP y Ciudadanos. Ambas formaciones defendieron durante la reunión que no existe ninguna duda jurídica que justifique que se tenga que solicitar ese informe. Criticando además que se transfiera la responsabilidad a la secretaría general del Congreso cuando tiene que ser un acto de la Mesa. Pero Batet manifestó dudas respecto a si es de aplicación en este caso el artículo 21.1.2 del Reglamento del Congreso o el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sus dudas alcanzan hasta si son aplicables directamente o hace falta una votación.

Batet defendió que ésta no puede ser una decisión «ni discrecional, ni política», y justificó su decisión «entendiendo que no había suficiente seguridad jurídica» porque «ante cualquier duda por pequeña que sea lo mejor es ofrecer todas las garantías». Desautorizada por el Supremo y asediada por la oposición, que apuntó ya ayer a una posible prevaricación, Batet defendió que no quiere dilatar el proceso y que por eso ha convocado hoy a la Mesa.

Los dos representantes de Unidas Podemos querían postergar esta reunión hasta la próxima semana. «Si el informe así lo permite, el objetivo es que la Mesa esté mañana (por hoy) en condiciones de tomar la decisión», con lo que se tomaría la decisión el último día de la campaña electoral. Desde el Gobierno se ha defendido como «obvio» e «inevitable» que los presos tendrán que ser suspendidos. Pero ayer la vicepresidenta Carmen Calvo salió en auxilió de Batet, alabando su «solvencia», y defendiendo que «hará lo que tenga que hacer cuando lo tenga que hacer».