Batet libra al Gobierno de informar a la oposición en plazo

El Reglamento de la Cámara contemplaba plazos amplios en ambos casos: veinte días prorrogables por otros veinte para responder cuestiones por escrito y treinta días para remitir documentación. Sin embargo, este suministro de información queda convertido en optativo, esto es, el Ejecutivo podrá atender las peticiones de la oposición cuando considere oportuno.

Esta suspensión entra en vigor, además, con carácter retroactivo desde el 13 de marzo, el viernes anterior a que se decretara el estado de alarma. Y s u vigencia se extenderá hasta que el tándem formado por PSOE y Unidas Podemos decida . Ambos grupos controlan la mayoría de la Mesa y la resolución aprobada ayer contempla que los plazos permanecerán congelados hasta que el citado órgano «levante la suspensión»: no tiene fecha de finalización.

Sin sesiones de control, ni comparecencias del Gobierno salvo las que éste decida realizar a petición propia, las dificultades de la oposición para realizar su labor de control y propuestas al Gobierno en esta crisis estaban siendo ya considerables.

Añadir a ello la paralización de los plazos para la contestación y entrega de documentación anula prácticamente la rendición de cuentas del Ejecutivo socialista a la oposición precisamente cuando la transparencia es más necesaria: en plena emergencia sanitaria y estado de alarma.

De hecho, la labor de los grupos parlamentarios está centrada durante los últimos días en el drama del coronavirus por lo que la paralización de los plazos de contestación impactará precisamente en su capacidad para fiscalizar la gestión que el Gobierno está realizando en esta crisis y su capacidad para lanzar propuestas para resolverla.

Tanto PP como Vox han votado en contra de la suspensión de los plazos parlamentarios que ha salido adelante solo con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, que controlan la mayoría de la Mesa.

El partido que preside Pablo Casado insiste en que cuanto mayor sea la crisis, mayor debe ser el funcionamiento del Congreso y no al revés. En esta línea, denuncia un intento de silenciar a la oposición (ver pieza abajo). Por su parte, el grupo que encabeza Santiago Abascal habla de operación para amordazar al Congreso.

Fuentes de la Presidencia justifican la medida en que como consecuencia de la pandemia «se está suspendiendo el cómputo de plazos en todos los ámbitos, procesal, administrativo, de prescripción y caducidad». Sin embargo, esto no es real ya que no todos los plazos están suspendidos.

Los españoles tendrán, por ejemplo, que realizar la declaración de la renta en plena pandemia. Las mismas fuentes insisten en que «el Gobierno va a seguir respondiendo preguntas» aunque pierda la obligación de hacerlo, y que el objetivo de la paralización es dar más tiempo al Ejecutivo para responder dado que el trabajo presencial se ha restringido al máximo en los ministerios. También recuerdan que el Senado ha adoptado esta semana la misma iniciativa y que la oposición se beneficiará de no tener que estar pidiendo cada semana prórrogas para las leyes.

Esta nueva vuelta de tuerca a las restricciones que la izquierda va imponiendo a la oposición en el Congreso coincide en el tiempo con las limitaciones que Moncloa está imponiendo a las preguntas de la prensa. Con la coartada del coronavirus, la Secretaría de Estado de Comunicación obliga a los informadores que cubren la Presidencia del Gobierno a enviarle las cuestiones que quieran preguntar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Tras recibirlas todas, el secretario de Estado, Miguel Ángel Oliver, decide cuáles contestará el presidente. Un filtro que no están aplicando otros líderes políticos como la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ofrece sus ruedas de prensa de manera telemática y abre un turno de preguntas al finalizar para que los periodistas tengan la oportunidad de plantear sus cuestiones sin intermediarios .