La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el secretario general del PSC, Miquel Iceta, en junio
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el secretario general del PSC, Miquel Iceta, en junio - EFE

Batet dijo que daría instrucciones a la Fiscalía, asegura Maragall

La ministra lo niega y el consejero autonómico matiza sus palabras pero mantiene la idea

BarcelonaActualizado:

Ernest Maragall, consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña, aseguró ayer que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, le dijo, en una de las reuniones bilaterales, que el Gobierno daría instrucciones a la Fiscalía General del Estado para cambiar la acusación de los fiscales en la causa especial del Tribunal Supremo, que juzga a los políticos independentistas acusados de rebelión, malversación y desobediencia.

Las palabras de Maragall, pronunciadas durante una entrevista para Onda Cero desde Berlín (Alemania) –donde unas horas antes la Generalitat había reabierto su delegación en ese país, cerrada en aplicación del artículo 155 de la Constitución–, supusieron un enorme revuelo político. La Generalitat exige cada día al Gobierno que intervenga en la Justicia y obligue a cambiar el criterio de la Fiscalía en la causa especial del Tribunal Supremo, por lo que las palabras de Maragall sonaron, rápidamente, como una cesión al independentismo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y un ataque directo a la autonomía de los fiscales.

«Me lo dijo, nos los dijo, en la reunión bilateral cuando lo planteamos. (...) El Gobierno marca la política criminal del Estado y la traslada a los fiscales. (...) Me lo dijo la ministra Batet. No es su función directa, más bien debe ser del ministro de Justicia y del conjunto del Gobierno», fueron las palabras que Maragall pronunció en la radio. Además, el consejero autonómico reiteró que la Generalitat mantiene «la mano tendida» al Gobierno para «hablar de todo, sin límites», en una clara referencia a la petición al Ejecutivo para que este o bien reconozca el resultado del referéndum ilegal del 1-O o permita otro, e intervenga en las decisiones de los magistrados para que los presos preventivos en la causa especial salgan de la cárcel sin causa judicial pendiente.

«Autonomía garantizada»

A los pocos minutos de escuchar a Maragall, la ministra Batet salió a su paso y aseguró que era «absolutamente falso» que hubiera dado instrucciones a la Fiscalía. La importancia de la afirmación del exdirigente del PSC –partido en el que milita Batet– y ahora consejero fue tal que la ministra le exigió que «aclarase» sus palabras y «rectificase». Batet añadió: «Tanto en público como en privado, todos y cada uno de los miembros de este Gobierno hemos dicho exactamente lo mismo: máximo respeto a la autonomía de la Fiscalía General del Estado, entre otras cosas, porque es una autonomía garantizada constitucionalmente».

Así, Maragall tuvo que salir a matizar sus palabras. A través de su cuenta de Twitter indicó que Batet había defendido «la imposibilidad de dar instrucciones a una Fiscalía concreta para un caso concreto», pero se ratificó en que el Gobierno podía «definir los criterios sobre la política criminal más adecuada en cada periodo».

Estas discrepancias de interpretación permitieron a Cs y PP aprovechar la coyuntura para pedir por escrito la comparecencia de la ministra Batet en el Congreso. Los populares también solicitaron lo propio con Maragall en el Parlamento catalán.

Torra: «Lesmes debe dimitir»

Este choque entre Maragall y Batet se produjo el mismo día que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, exigió la dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, «una actuación inmediata y contundente» por la publicación de correos privados en El Diario y el Món de una decena de jueces contrarios a los políticos procesados por rebelión. Torra intentó contactar con Sánchez en La Moncloa pero, debido a que el presidente del Gobierno estaba en Salzburgo (Austria), no pudieron hablar sobre el tema, según fuentes oficiales del gobierno catalán.

Además, Torra exigió a la Fiscalía General del Estado que investigue el caso y «depure las responsabilidades penales». Una petición que la consejera de Justicia, Ester Capella, concretó por carta al propio Lesmes, mostrando una descoordinación entre la consejera y el presidente autonómico, ya que este, solo unas horas antes, había pedido la dimisión del presidente del CGPJ.

Sánchez, por su parte, preguntado por este tema en Salzburgo, dijo que no opina sobre correos privados de jueces, pero garantizó la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Eso sí, el presidente del Gobierno confirmó que hablará con Torra en cuanto pueda.