Batet, ante el TC por amparar que Moncloa oculte informes sobre los indultos

En su escrito, los populares denuncian que el conocimiento que tienen sobre el expediente les ha llegado a través de los medios de comunicación y recuerdan que la Constitución establece el derecho de los diputados a solicitar al Gobierno la documentación que consideren pertinente. En este sentido, advierten de que esta prerrogativa «resulta incompatible» con que «deban informarse a través de la prensa, por no permitírseles el acceso a la información (...) bajo la pasividad de la Presidencia del Congreso». Los populares consideran «cristalina» la negativa de Batet «a amparar el derecho constitucional de los parlamentarios» y denuncian incluso «una cierta disposición a defender al Gobierno». A su juicio, el hecho de que el Ejecutivo se niegue a dar copia de los documentos contando con la colaboración de lamáxima autoridad de la Cámara «no sólo resulta incomprensible» sino también «insostenible en derecho».

La pugna entre el PP y La Moncloa por el acceso a todos los expedientes relacionados con los indultos del procés comenzó prácticamente tras la concesión de la medida. El pasado 23 de junio, la portavoz popular, Cuca Gamarra, solicitó, a través del Congreso, copia de todos los documentos. El Gobierno contestó el 2 de septiembre rechazando la petición con el mismo argumento con el que está vetando el acceso de los ciudadanos a estos documentos a través de Transparencia. «Contienen circunstancias personales, familiares y sociales, así como datos de ilícitos penales que no se pueden divulgar sin contar con el consentimiento expreso del afectado» o «transcurridos los plazos establecidos» (25 años desde la muerte del indultado o 50 años desde la concesión del perdón).

Para los populares, este argumento vulnera la legalidad por varias razones. La primera, porque resulta contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el derecho de la sociedad a estar informada sobre los indultos otorgados. La segunda, porque los datos personal pueden suprimirse y esta es, de hecho, la técnica habitual que aplica la Administración en estas situaciones. Para el grupo que dirige Gamarra, el argumento del Gobierno revela su deseo de «sustraerse, por cualquier medio y de forma arbitraria, del deber de proporcionar la documentación».

Ocho días después de recibir esta contestación, la portavoz popular decidió pedir amparo a Batet para que instara a La Moncloa a remitir los documentos. Pero la presidenta de la Cámara se negó, argumentando que el Gobierno no incumplió su deber porque ofreció «razones fundadas en derecho» para no facilitar la información. También añadió que no le corresponde «valorar» la respuesta de La Moncloa sino realizar «un examen preliminar» para constatar que contestó.

Para los populares esta posición es contraria a derecho porque implica que la presidenta del Congreso «no está capacitada para amparar a los diputados cuya solicitud de información ha sido desatendida». El recurso de amparo presentado por los populares también subraya que tras decir Batet que no puede valorar la respuesta del Gobierno, hace lo contrario al señalar después que «el Gobierno manifiesta «razones fundadas en derecho que impiden facilitar la información solicitada». Sencillamente no se sostiene esta posición», se quejan ante el tribunal de garantías.

Los populares continúan denunciando lo que consideran una «renuncia» de Batet a amparar sus derechos y destacan que esa posición se basa en una interpretación de los límites de la «propia competencia» que «no se fundamenta en precedente o norma alguna, sino en un mero desiderátum expresado apodícticamente». El Constitucional debe decidir ahora si admite a trámite el recurso.