EFE/JORGE GUERRERO  Antonio Barrientos
EFE/JORGE GUERRERO Antonio Barrientos

Barrientos contrató a Zamorano porque no se fiaba de su equipo

J.M.CAMACHOMÁLAGA. El ex alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales en el «caso Astapa

Actualizado:

J.M.CAMACHO

MÁLAGA. El ex alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales en el «caso Astapa», declaró ante el juez que no influyó sobre otros compañeros de Corporación para que contrataran a personas en el Ayuntamiento, ni tampoco en empresas municipales, pero si contrató al ex senador socialista Francisco Zamorano como asesor de urbanismo y personal de confianza en la legislatura 2003-2007 porque «no se fiaba de sus compañeros del equipo de gobierno».

Sobre Zamorano, imputado también en la trama corrupta, dijo que era «listo» y le informaba de todo lo que ocurría en el Consistorio.

El ex regidor socialista afirmó que «todos los convenios pasaban por la Junta de Andalucía» y subrayó que cuando tuvo conocimiento de algún hecho delictivo lo puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Barrientos admitió que el PSOE recibió donaciones y apuntó a José Flores, su jefe de gabinete, como la persona que conocía todos «los pormenores». Por otra parte, negó «la existencia en el Ayuntamiento de un sistema doble o triple contabilidad». Según el sumario levantado por el juez, Flores se encargaba de contactar con empresarios que tenían intereses urbanísticos en Estepona, con el beneplácito del alcalde. El Congreso Mundial de Noticias, celebrado en esta localidad, costó 760.000 euros y fue sufragado por las empresas de Aurelio Martin y Valle Romano, entre otras. «Al Ayuntamiento no le costado ni un duro, incluso han sobrado 30.000 euros», se desvela en una conversación.

Entre otros convenios infravalorados figuran los de «El Velerín», «Cortijo la Teja», «Arroyo Vaquero», «Casa Padron», «El Taraje», «Chamartin Sur», «Parque Central» y «Arroyo en Medio».

Como contraprestaciones económicas que se enmascaran de donaciones, destacan las del grupo Prasa, con la que el Ayuntamiento mantuvo un pleito por la construcción de un hotel en primera línea de playa que, finalmente, se derribó, no sin que esta mercantil, fuera generosamente indemnizada. Igualmente aparecen transferencias de dinero realizadas por José Romero, en representación de Prasa, por 300.000 euros en agosto de 2003 o los 830.000 euros de febrero de 2004. Según la policía, mas de treinta y cinco empresas realizaron entregas de dinero de «dudosa legalidad».Otro convenio que destaca la Policía es el de «Arroyo de Media este», en que interviene por una parte la familia Martinez Macias, presuntamente familiares de Barrientos, y tres mercantiles, Aquitania Sur, Valle de en media S.A., y Criber, y,por otro, el Ayuntamiento de Estepona.

Unos meses antes, la mercantil Criber, en enero de 2004, adquirió unos terrenos por valor de 7.512.660 euros, cuya propietaria era la madre de Barrientos. Las negociaciones las llevo Barrientos.

Según José Ignacio Crespo, del grupo Pes, imputado», Barrientos solucionó rápido su problema prometiéndole a Criber un terreno pegadito al de Sánchez Pou en Guadalmina. «Preguntales a los de Criber, que han pagado mas por el suelo de lo que valía pensando, porque asi se lo han insinuado, que les iban a echar una mano en lo de Guadalmina y, luego nada, la mano se la han echado al cuello», se señala. A pesar de esta conversación, Barrientos parece que ha actuado en la sombra, puesto que en la compraventa, figuran María González y Manuel Antonio Barrientos González, hermano de Barrientos, sin que él aparezca.

Reparto de cantidades

En varias conversaciones entre el jefe del Gabinete, José Flores, y el entonces alcalde se hace un reparto de cantidades que Juan Jose Hidalgo y Oscar Benigno Ruiz van a aportar: 4000 millones para infraestructuras, 3000 de sectorización, 500 para esponsorización de eventos, y 4000 para el proyecto universitario. Según los investigadores, Barrientos pudo usar testaferros para encubrir la compra de varios inmuebles, para blanquear dinero de las entregas de empresarios.

El imputado figura en un sumario donde se detalla que el Ayuntamiento recibió dos cheques del Banl of America S.A. de Madrid emitidos por Butterfield Bank, entidad radicada en las Islas Caiman, por orden de Altajir Bank, también radicado en dicho lugar. Los cheques fueron emitidos en octubre de 2006 por importes de 896.053 euros y 281.619 euros, a una cuenta del Consistorio donde paga una gran diversidad de actividades, como conciertos, comidas del gobierno, sin que se sepa con certeza su procedencia, «lo que choca con la situación tan delicada del Ayuntamiento, con problemas para pagar las nóminas».