Barberá, en su hora decisiva ante el Supremo

Pero antes de que, en su caso, el Supremo decida solicitar permiso a la Cámara Alta para poder investigar formalmente a Barberá (lo que se conoce como suplicatorio), el Supremo tiene que decidir si en virtud de los indicios que se apuntan desde Valencia, abre o no una investigación. No hay plazo para llevar a cabo este trámite, pero es muy probable que al tratarse de un asunto de carácter político, y que además puede afectar de manera significativa a la contienda electoral, no se tome ninguna decisión hasta después de los comicios.

En su exposición razonada, el juez Víctor Gómez subraya las sospechas sobre las cuentas del PP municipal y la relación de Rita Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, principal imputada en esta pieza separada, y cree que las explicaciones dadas por la senadora son «insuficientes» para excluir su posible implicación.

La Fiscalía ya se mostró partidaria hace dos meses de mandar la pieza que afectaba a Barberá al Supremo , pero el juez consideró entonces que la investigación «no estaba agotada» y prefirió esperar a tener indicios más sólidos. Según informa el TSJ de la Comunidad Valenciana, el juez considera que, habiendo reconocido Barberá que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, resultaría «incoherente» no elevar exposición al Tribunal Supremo, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la parlamentaria nacional. Resalta, no obstante, que ni las dos investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.

Se da la circunstancia de que precisamente este jueves una juez de Valencia remitió otra exposición razonada al Tribunal Supremo que afecta a Barberá, en este caso por el supuesto incumplimiento de la ley de memoria histórica. La juez de instrucción número 16 de Valencia considera que no es competente para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la denuncia contra Barberá por supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio por no retirar los símbolos franquistas de calles y edificios de la ciudad cuando era alcaldesa.