Barberá reconoce que donó 1.000 euros al partido, pero niega que se le devolvieran en billetes de 500

Pasadas las doce de la mañana, Rita Barberá ha abandonado la sede del Supremo tras declarar cerca de una hora ante el juez que la investiga por presunto blanqueo de capitales. Con gesto serio y sin querer hacer declaraciones a los medios, Barberá se ha subido en un taxi con su abogado, José Antonio Choclán , entre gritos de «choriza» y «sinvergüenza».

La declaración voluntaria de la hoy senadora del Grupo Mixto ha sido por su condición de investigada (antes imputada) por su presunta participación en la «operación Taula», una pieza separada del «caso Imelsa» en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores del grupo municipal popular. Esta cantidad presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

Fuentes jurídicas aseguraron que en respuestas a las preguntas del fiscal y de su defensa (no ha querido responder a las de la acusación popular que ejerce el PSOE), la aforada se ha desvinculado de la financiación de los procesos electorales del PP valenciano, y en este sentido ha asegurado que al no formar parte del comité de campaña, desconoce si el sistema del llamado «pitufeo» (el reembolso en dinero B de cantidades aportadas de forma legal) se llevaba a cabo o no.

Según las mismas fuentes Barberá ha señalado que su labor era «conseguir votos», no dinero, y que se enteró por los medios de comunicación de las acusaciones que pesan sobre ella. Ahora las partes disponen de tres días para solicitar pruebas. Si tras valorar la declaración de la exalcaldesa el juez ve indicios sólidos de la comisión de este delito tendrá que pedir el suplicatorio al Senado para seguir investigándola.

En el interrogatorio, además del fiscal y el abogado defensor de Barberá, ha estado presente la representación letrada del PSOE, después de que la Sala Penal admitiera la personación como acusación popular del partido. Para ello tuvo que depositar una fianza de 3.000 euros que le impuso el instructor no sin antes criticar la posibilidad de que en causas en las que está imputado un político pueda ejercer la acción popular la oposición. Solo si una vez finalizada la declaración de Barberá el instructor continuara viendo indicios de delito pediría el suplicatorio al Senado, pues es aforada nacional.

El pasado 13 de septiembre la Sala Penal abrió esta investigación con el informe favorable de la Fiscalía, que consideró que había que investigar la posible implicación de Barberá como lo está siendo todo su equipo municipal en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. En su escrito al Supremo, el titular de este juzgado, Víctor Gómez, implicaba a la senadora por ser «una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros» por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también realizaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015.

Señalaba, además, que Barberá era la superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y que existía una relación personal de «estrecha confianza» entre la aforada y la principal investigada , la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, que gestionaba las cuentas bancarias. Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá la opción de declarar sin someterse a un interrogatorio. La que fue alcaldesa de Valencia durante más de 20 años presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, aunque niega que se lo reintegraran.