José Antonio Griñán, expresidente del PSOE y de la Junta
José Antonio Griñán, expresidente del PSOE y de la Junta - EFE

Escándalo de los EREEl banquillo ya espera a los expresidentes del PSOE Chaves y Griñán

El juez ultima el auto de procesamiento de los expresidentes y exconsejeros de la Junta de Andalucía, que dará el cerrojazo a la rama política del caso de los ERE

SevillaActualizado:

El juez que investiga la pieza política de los ERE fraudulentos, Álvaro Martín, ultima el auto más trascendental de la instrucción: el que acabaría sentando en el banquillo a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y buena parte de la nomenclatura socialista que ha dirigido la comunidad autónoma durante 23 de sus 35 años de historia.

Fuentes judiciales consultadas por ABC dan por seguro que el auto de procesamiento de los ex altos cargos autonómicos se notificará a las partes personadas en el caso la próxima semana, posiblemente el martes, coincidiendo con la declaración de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, citada por la comisión de investigación del Parlamento andaluz para explicar las irregularidades de los cursos de formación.

Tras tomarles declaración a los imputados en la pieza política del caso, que fue desgajada de la causa matriz, Martín redacta el denominado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, un trámite previo a la apertura de juicio oral.

51 investigados

En su escrito, el juez volcará toda la carga incriminatoria contra dos históricos socialistas que han sido presidentes federales del PSOE y que dimitieron hace casi un año tras su imputación. El juez, según las mismas fuentes, no se apartará del criterio del Tribunal Supremo, que acusó a ambos de un supuesto delito de prevaricación administrativa. La juez Mercedes Alaya también apreciaba indicios de un delito de malversación de fondos públicos. Casi una treintena de ex altos cargos más, entre los que se encuentran ocho de sus exconsejeros, podrían ser también procesados.

En el juicio oral, que no se celebrará antes de 2017, no sólo serán juzgados dos expresidentes de la Junta, sino todo un sistema de gobierno que ha propiciado la más larga hegemonía política que se conoce en España.

El instructor no esperará para dictar el auto a que lleguen al juzgado algunas pruebas periciales solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción: nueva documentación pendiente y varios informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que no los consideraría imprescindibles para cerrar las diligencias previas 174/2011.51.

En la pieza política, centrada en el sistema ilegal de concesión de las ayudas para empresas en crisis, dotado de 855 millones de euros, hay 51 ex altos cargos investigados. La causa incluye, entre otros, a los exconsejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera (éste también acusado de malversación), Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Martín Soler y Manuel Recio. A todos ellos les podría aguardar el mismo horizonte penal que a los expresidentes. Una veintena de imputados en esta pieza, en cambio, pueden salvarse del banquillo.

Cinco años y medio

Alaya, la magistrada que abrió las diligencias hace cinco años y medio, atribuyó supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental a toda la cúpula de la agencia IDEA, que pagaba las ayudas que concedía la Consejería de Empleo desde 2001 a 2008, entre los que se encuentran el presidente de Unicaja y el expresidente de la antigua caja El Monte, Braulio Medel y José María Bueno, respectivamente. Varias partes personadas en el procedimiento creen que durante la instrucción no se han reunido indicios suficientes para determinar que la totalidad de los 24 miembros que formaron parte del consejo rector de IDEA participaron en el supuesto falseamiento del presupuesto de la agencia y que ello fuera decisivo en el fraude de los ERE, como sostenía la juez.

En lo que respecta a Chaves, Griñán, Viera y Zarrías, el instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que los investigó cuando estaban aforados por el Congreso y el Senado, ya marcó su oscuro devenir judicial al acusarlos de prevaricar supuestamente por diseñar y mantener durante diez años un sistema opaco de reparto de fondos públicos.

Este sistema propició que 196 falsos empleados se beneficiaran de cuantiosas pólizas de prejubilación, colándose en ERE de empresas donde nunca habían trabajado, o que empresas de la órbita del PSOE recibieran ayudas públicas. El Gobierno andaluz inició en 2012 un proceso de revisión de oficio para recuperar las ayudas que hasta ahora ha resultado infructuoso.