El banquillo del caso ERE se queda vacío

El proceso entra en una fase nueva, dedicada a la práctica de pruebas periciales y testificales, que se puede prolongar hasta noviembre, teniendo en cuenta que van a desfilar por la sala 150 testigos y una docena de peritos .

La iniciativa partió de Pablo Jiménez de Parga, el abogado del expresidente de la Junta Manuel Chaves . Fue secundada de inmediato por el resto de defensas y aceptada por el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña . «Dado el volumen de las pruebas», el magistrado que se mostró favorable a «compatibilizar» el derecho de defensa de los acusados con «circunstancias que afectan a su vida cotidiana», tales como acudir a su puesto de trabajo, evitar gastos «gravosos» de desplazamiento de quienes viven fuera de Sevilla -como Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías -, o problemas de salud. José María Mohedano , que ejerce la defensa del expresidente José Antonio Griñán y del exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano , alegó que «es una penalidad innecesaria y desproporcionada» que impide, por ejemplo, a éste último dar clases en la Universidad de Málaga.

Como consecuencia, el juicio pierde interés mediático en términos de escenografía e imagen. Las cámaras de televisión apostadas durante los últimos cuatro meses frente al edificio judicial tardarán, pues, muchos meses en volver a captar la llegada de los expresidentes Chaves y Griñán a la Audiencia de Sevilla. Podrán acudir a demanda, «cuando quieran venir». Únicamente volverán a ocupar «imperativamente» el banquillo donde se han sentado desde el 13 de diciembre pasado coincidiendo con la presentación de las cuestiones previas, en la recta final del juicio. Cuando las partes expongan sus conclusiones definitivas e informes, en los que pueden cambiar la postura de las acusaciones, poco antes de que puedan volver a hablar en el juicio para ejercer su derecho a la última palabra .

El magistrado Calle Peña explicó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no regula estas solicitudes en las macrocausas, por lo que hay que valorar las circunstancias personales y profesionales que han expuesto las defensas para no causarles «un perjuicio». Pero al ser un derecho que les asiste, entiende que deben renunciar expresamente a él para preservar la garantía de defensa. Y así lo hicieron. Uno a uno, los acusados fueron subiendo al estrado para dejar constancia de que desistían de este derecho. Los letrados recordaron otros precedentes.

La Fiscalía y Manos Limpias no se opusieron a esta petición, pero sí lo hizo el PP. De poco le sirvió. Desde el lunes, el banquillo se quedará vacío.