Los «bandazos» del presidente Sánchez

Tras el anuncio del acuerdo comercial de la Unión Europea con Canadá, más conocido como CETA, el PSOE aseveró que su voto sería negativo. A finales de 2017, los socialistas se debatían entre el «no» y la abstención. En aquel momento, Sánchez se acababa de imponer en las primarias y su nueva dirección era contraria al CETA. Cristina Narbona llegó a sentenciar, a través de un mensaje en Twitter, que «no lo iban a apoyar».

Meses después, y tras ser presionado por Europa, el sentido del voto cambió y del «no» rotundo, una posición que se entendió como un guiño a Podemos, el PSOE pasó a la abstención . Para justificar este cambio de posición, Sánchez, tras su encuentro con Justin Trudeau el pasado mes de septiembre, rubricó una declaración en la que tanto él como su homólogo canadiense se comprometían a «trabajar juntos para comunicar los beneficios del libre comercio».

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se revindicó como el de la decencia y la transparencia. Dos palabras que se han repetido como un mantra desde la llegada del socialista a La Moncloa. Con el anuncio de sus ministros, Sánchez abría una nueva etapa que pronto quedó enturbiada. Estalló el escándalo en torno a Màxim Huerta , titular de Cultura y Deporte, por sus problemas con Hacienda y las críticas desde la oposición no se hicieron esperar. se saldó con las críticas de la oposición. Pablo Iglesias llegó a pedir su «dimisión inmediata».

En un primer momento desde el Ejecutivo se remitió a las declaraciones que Màxim Huerta se aprestó a dar en diferentes medios de comunicación, en los que insistía en que ya había regularizado su situación y que el asunto estaba «cerrado». Horas después, y 6 días de su llegada al Ministerio de Cultura, Huerta dimitió.

Meses después, otro escándalo acechaba a otra ministra. Otro máster, el de Carmen Montón , desató otra crisis en el gabinete. Sánchez llegó a darle su apoyo contundente en público y en los pasillos del Senado llegó a asegurar que la exministra estaba «haciendo un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo». Apenas 3 horas después, Montón anunció su dimisión como ministra de Sanidad .

Pedro Sánchez insistió en innumerables ocasiones durante la moción de censura que su intención, tras hacer caer al Gobierno de Mariano Rajoy, era la de convocar elecciones «cuanto antes» . «Tras la moción de censura del PSOE contra Rajoy, las elecciones serían lo antes posible», llegó a aseverar José Luis Ábalos.

Una opción que desdeñó tras su llegada a la Presidencia del Gobierno, tal y como aseguró en su primera entrevista como presidente del Ejecutivo. Ante las preguntas de los periodistas, Sánchez señaló la posibilidad de agotar la legislatura y convocar elecciones en 2020 .

Hasta el momento, ningún miembro del Gobierno se ha pronunciado sobre la posibilidad de un adelanto electoral. El líder del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , señaló que otoño de 209 podría ser un escenario favorable para convocar elecciones generales.

A raíz de la información publicada por ABC, en la que se demuestra que Pedro Sánchez, plagió su tesis, el presidente del Gobierno se defendió ante las preguntas de Albert Rivera en el Congreso aseverando que su tesis doctoral estaba publicada , íntegra, en internet.

El presidente del Gobierno, en realidad, hacía referencia a los datos publicados en Teseo . Una base en la que solo aparecía una ficha informativa de la tesis en la que únicamente se podía leer un resumen. El trabajo de Sánchez no se pudo consultar de forma libre y online hasta 52 horas después de sus palabras en la Cámara Baja. Hasta entonces, además de la consulta en la plataforma Teseo, la tesis solo estaba disponible en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, de donde no podía ser retirado y tampoco fotografiado.

El pasado mes de agosto, Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros huidos presentaron una demanda en Bruselas contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por « falta de imparcialidad ». Como compensación, los políticos secesionistas reclamaban una indemnización simbólica de un euro.

Tras conocerse la denuncia, el Ministerio de Justicia resolvió que no pagaría «en ningún caso» la defensa del magistrado del Supremo «por los actos privados que se le atribuyen». Lo que sí anunció que haría fue contratar un bufete privado belga para defienda «la soberanía e inmunidad jurisdiccional» de España en el procedimiento abierto en Bélgica contra Llarena.

Finalmente, y tras el posicionamiento de diversas asociaciones de abogados y del CGPJ, e l Gobierno anunció que sí defendería al juez Llarena , a pesar de que desde el Ministerio de Justicia se aseguraba que la posición del Ejecutivo no ha cambiado y que no se defenderá al magistrado.