El Gobierno balear suprime 92 empresas públicas

Con la decisión de mantener sólo 76 empresas públicas, Bauzá prevé un ahorro de 115 millones de euros al año, lo que permitirá poder abonar en los próximos 24 meses la deuda de 247 millones de euros que el Ejecutivo tiene pendiente con los proveedores de los entes públicos. Por su parte, el director de la Oficina de Control Presupuestario, Joaquín García, ha indicado que la supresión de las citadas empresas públicas podría suponer el despido de hasta 800 personas que en estos momentos tienen contratos.

Hace tres meses, la primera decisión de Bauzá como presidente autonómico fue eliminar siete consejerías y 35 direcciones generales. De este modo, el nuevo organigrama quedó configurado por sólo una vicepresidencia económica, seis consejerías y 31 direcciones generales. Poco después, Bauzá consiguió que la ministra Elena Salgado le aprobase su plan de saneamiento económico, que ya contemplaba la eliminación de empresas públicas, así como otras medidas como la reducción de los gastos ordinarios, la disminución de las subvenciones y la supresión de las inversiones consideradas como no esenciales, como por ejemplo la suspensión temporal de las obras de la línea ferroviaria entre los municipios mallorquines de Manacor y Artà.

En estos momentos, el más inmediato objetivo económico de Bauzá es conseguir un crédito de las entidades financieras para poder hacer frente a la deuda de 1.104 millones de euros que la Administración regional tiene con diversos proveedores. La deuda global de la Comunidad asciende en estos momentos, según el PP, a 5.587 millones.

En el marco de esa senda de austeridad y ahorro emprendida desde el pasado mes de junio, la pasada semana el Consejo de Gobierno aprobó suprimir los 89 liberados sindicales institucionales con que contaba en estos momentos la Administración regional. El resto de liberados, 221 en total, no se verán afectados por esta decisión. El Ejecutivo de Bauzá ha decidido dejar en suspenso el acuerdo de Acción Sindical firmado en 2006, lo que también implicará la desaparición de las subvenciones, los denominados Fondos de Acción Social.

En dicho Consejo de Gobierno se aprobó igualmente la suspensión temporal de todos los complementos de productividad y de las horas extras para los funcionarios de la Comunidad. Asimismo, se aprobó suspender el nombramiento de personal interino y la contratación de personal laboral temporal, con algunas excepciones en ambos casos por razones de necesidad. Las dos medidas citadas estarán vigentes, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2012.

Por otra parte, en el área de Educación está previsto aumentar las horas lectivas de los profesores de Secundaria a partir del curso 2012-2013. En la actualidad, dichos docentes imparten 18 horas de clase a la semana. La consiguiente reducción en el número de profesores interinos contratados permitirá ahorrar, según el PP, millones de euros a la Comunidad.