Una de cada tres bajas médicas de los empleados públicos es fraudulenta

Los controles para detectar este fraude comenzaron a realizarse el 1 de julio de 2010, a través de Muface y en colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El objetivo era hacer un seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, como son las bajas médicas de los funcionarios que tengan una duración superior a veinte días.

De los 20.316 reconocimientos practicados, solo en 12.554 se mantuvo la situación de incapacidad, suponiendo un 61,79 por ciento. En un 50,01 por ciento de los casos examinados se recomendó el inicio del procedimiento de jubilación por incapacidad permanente para el servicio.

Uno de los datos más destacados del resultado es que uno de cada cinco trabajadores, el 19.04 por ciento, que pasaron el reconocimiento recibió el alta médica y se tuvo que incorporar al trabajo al día siguiente. Además, otro 14 por ciento de los mutualistas no compareció a la cita fijada . Ello supone que uno de cada tres reconocimientos efectuados tuvo como resultado el alta médica o la incomparecencia del interesado.

Este estudio también ha detectado que en aquellos periodos que coinciden con días festivos o vacaciones, el número de procesos de incapacidad temporal es sensiblemente inferior al resto del año. Así, si en el mes de marzo de 2011 se produjeron 11.051 bajas y en octubre otras 11.969, en julio disminuyó hasta las 2.547 y en agosto a 2.917. En diciembre se contabilizaron 4.133, muy por debajo de la media, y en abril, que el año pasado coincidió con la Semana Santa, fueron 7.772.

Como consecuencia de esta disminución de las bajas, el pago de los subsidios por incapacidad temporal también cayó antes de los meses de vacaciones , ya que al producirse el alta se cobra íntegramente la retribución. Estos datos indican la existencia de una bolsa de absentismo irregular por incapacidad temporal por la plenitud retributiva de la que gozan los mutualistas del Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios. Los trabajadores de la empresa privada, al estar encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, ven reducidas sus retribuciones durante los veinte primeros días de enfermedad.

La segunda reforma estaba encaminada a reducir los días libres que disfrutaban los funcionarios, pasando de once a seis, asemejándolos a los trabajadores del sector privado. En total, esta reforma se traducirá en un ahorro real de 455.658 días moscosos y 324.007 días de vacaciones adicionales entre los funcionarios de carrera, que ahora tendrán que trabajar, de 7.491 «moscoso» adicionales para el personal laboral y 17.643 días de vacaciones adicionales para el personal laboral. En la Administración General del Estado trabajan 159.704 funcionarios de carrera y 66.446 eventuales.

Los once días libres que tiene los funcionarios de carrera se distribuyen de la siguiente forma: seis moscosos, tres canosos y dos de vacaciones extras . A estos hay que sumar las vacaciones. Siete de cada diez funcionarios de carrera tiene días extras adicionales a los seis días de asuntos propios con los que cuentan todos los empleados públicos. En este sentido, se dan casos en que funcionarios con 18 trienios de antigüedad tienen más días libres adicionales que de vacaciones (6 moscosos+13 moscosos adicionales+4 de vacaciones adicionales). Con la reforma, los seis días de libre disposición (moscosos quedan reducidos a tres. Además, a partir del sexto trienio los canosos, se eliminan.

Al ser una normativa básica, es de obligado cumplimiento para todas las administraciones, por lo que el ahorro se puede multiplicar por tres.