La auditora del Parlament advierte de que no controla las subvenciones a los grupos

Esta recomendación figura en un informe al que ha tenido acceso ABC firmado por la auditora parlamentaria, Maria Guiu i Sallent, en el que se refleja como conclusión, tras analizar y evaluar las subvenciones de 2017, que «una parte muy significativa de los importes que se perciben como subvención por los grupos parlamentarios se traspasa a las respectivas formaciones políticas, con la repercusión que de esto se deriva a los efectos de que la Mesa pueda conocer los gastos específicamente asociados a la actividad de los grupos parlamentarios».

El toque de alerta de la Auditoría de Cuentas y Tesorería parece justificado si se repasan las cifras. Junts pel Sí (coalición formada por CiU, ahora PDECat, y ERC) recibió 5,72 millones de euros en calidad de asignación pública por el Parlamento de Cataluña para 2017 . De esta cantidad, el 99,52 por ciento se desvió a los partidos políticos para sus gastos. El grupo de Ciudadanos, que recibió 2,46 millones, derivó al partido el 149,84 por ciento, es decir, superó el importe recibido ese año ya que la formación naranja acumulaba un balance positivo de ejercicios anteriores. El PSC, que recibió 1,58 millones, desvió al partido el 48,46 por ciento. Los comunes -entonces bajo la marca Catalunya Sí que es Pot- ingresaron 1,09 millones y el 99,39 por ciento fue a parar a las arcas de los partidos que componían esta coalición: ICV, Podemos y EUiA. Igual ocurrió con el PP, que recibió la misma cantidad que los comunes -tenían el mismo número de escaños- y desvió el 73,22 por ciento para el partido. Y la CUP, que ingresó 1,01 millones y traspasó al partido el 109,95 por ciento.

La auditora, que entre sus funciones están las de controlar la contabilidad del Parlamento autonómico catalán y fiscalizar sus gastos, advierte en el informe de que una vez realizados los traspasos a las cuentas de los partidos, el rastro del dinero público lo pierde , pues la organización parlamentaria ya no tiene competencias sobre los partidos, solo ante los grupos parlamentarios, y esta fiscalización queda en manos de la Sindicatura de Cuentas catalana y el Tribunal de Cuentas.

Además, en el informe, firmado el 11 de marzo pasado y aprobado posteriormente por la Mesa, se recuerda a los miembros del máximo órgano rector parlamentario que el total del monto recibido por los grupos (12,98 millones de euros) es el 29,52 por ciento «del presupuesto inicial» de la Cámara legislativa catalana, que -debido a la intervención por el 155- los grupos cerraron las cuentas el 27 de octubre de 2017 y que, más allá de esta designación, el Parlamento de Cataluña cubre con su presupuesto otros gastos como el mobiliario, los despachos, los ordenadores, una impresora, los teléfonos móviles de los coordinadores de los grupos, el material de oficina, el servicio de reprografía y un asesor por cada grupo parlamentario.

Aunque esta práctica no es irregular ni ilegal, según el marco normativo aplicable y así lo recoge el Tribunal de Cuentas, el informe de la auditora parlamentaria recuerda que el Tribunal de Cuentas ha señalado que «sería conveniente que la legislación aplicable pudiera contemplar las condiciones y requisitos en los que los grupos puedan efectuar aportaciones a los partidos políticos» y recomienda a la Mesa que «evalúe la posibilidad de establecer una subvención finalista en relación con los gastos de personal de los grupos y subgrupos parlamentarios, de la misma forma que se viene estableciendo en otros Parlamentos».

Y es que una parte del gasto transferido a los partidos tiene como finalidad la contratación de personal que compagina su labor de asesoramiento o tarea profesional indistintamente para los grupos parlametarios y los partidos políticos. Junts destinó el 8,67 por ciento de su asignación a gasto de personal; Cs, el 17,38 por ciento; el PSC, el 31,39 por ciento; los comunes, el 25,93 por ciento; el PP, el 27,88 por ciento; y la CUP registró el 109,95 por ciento en gasto de personal.

En este sentido, la auditora catalana recuerda que los Parlamentos de la Región de Murcia, La Rioja y Andalucía han aprobado en los últimos años distintas normas que regulan «el régimen de control de subvenciones recibidas por los grupos parlamentarios», cuya finalidad es la de fiscalizar el destino del dinero público.