La Audiencia Nacional rechaza que la Generalitat entre como acusación en el caso Pegasus

En un auto notificado este miércoles, Calama expone que ni la doctrina del Tribunal Constitucional ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal fijan que una entidad pública pueda ejercer acusación popular , como tampoco lo hace la normativa autonómica que invocó la Generalitat de Cataluña cuando pidió acceder a la causa.

En línea con la posición de la Fiscalía, contesta que la acción pública en el procedimiento penal corresponde en exclusiva al Ministerio Público , «no teniendo cabida el ejercicio por parte de personas jurídicas públicas de la acción popular fuera de los casos en los que esta posibilidad se encuentra contemplada legalmente, sin que en el presente supuesto exista previsión legal específica en la que pueda ampararse la personación pretendida por la Generalitat».

Calama está investigando el espionaje con el software Pegasus que habrían sufrido al menos el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y los ministros de Defensa (Margarita Robles), Interior (Fernando Grande-Marlaska) y Agricultura (Luis Planas) a partir de las denuncias que interpuso en representación de los mismos la Abogacía del Estado tras un análisis de sus teléfonos móviles que confirmó que fueron infectados y se les sustrajeron distintas cantidades de datos. La causa, por revelación de secretos, se sigue a puerta cerrada.