La Audiencia Nacional rastrea mordidas de más de un millón de euros en el Metro de Quito

Según informaron en fuentes de la investigación a ABC, pedir información bancaria y financiera a las autoridades de Ecuador para rastrear ese dinero será el paso natural tras lo poco productivas que resultaron las declaraciones de los principales investigados, un total de ocho personas (hay una novena que tendrá que hacerlo por comisión rogatoria ya que vive en Australia) que hace dos semanas o bien se acogieron a su derecho a no contestar o se limitaron a responder a su defensa en la Audiencia Nacional.

La causa se sigue por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y arrancó con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que, sin dirigirse en particular contra ninguna persona física o jurídica , sí se hacía eco de la información aportada por una trabajadora de KV Consultores. Señalaba que su empresa, en consorcio con Prointec S.A. y teniendo en la sombra a la auténtica impulsora, la mercantil Bustren PM, conocía hasta los pliegos del contrato antes de que se adjudicara. Esta mercantil, que controlaba el 80% del consorcio, habría ocultado su papel real porque hacía menos de dos años que se había constituido cuando se convocó el concurso y la antigüedad era un requisito indispensable.

España no tiene jurisdicción para investigar irregularidades en la adjudicación a cargo de la Administración ecuatoriana, pero sí para poner la lupa en aquellos nacionales que fuera de nuestras fronteras hayan emprendido prácticas corruptas. Eso no significa que esos funcionarios que cobraron mordidas, si los hubo, queden impunes. El fiscal ecuatoriano Alberto Leonel Santillán Molina se desplazó a España ex profeso para seguir las pesquisas y asistió, junto a un compañero, a la toma de declaración de los ocho imputados ante el juez Alejandro Absacal por lo que pudiese tener de interés para sus propias investigaciones sobre corruptelas en la administración pública. De fondo, el mastodonte conocido como caso Odebrecht, una trama que ha infectado varios países de Latinoamérica y al más alto nivel.

En este caso, además, su interés radica en que junto a empleados públicos ecuatorianos, figura Eduardo Alonso Rodríguez-Viña, hijo del cónsul honorario de Ecuador en Madrid. Los investigadores le sitúan en el centro de la causa por ser la persona que tendría los contactos y la capacidad de influir en la esfera política y empresarial del país. De esta manera, y según las fuentes consultadas por ABC, sería él quien habría asumido el rol de ‘conseguidor’ en la trama y quien, además, habría intervenido en las operaciones financieras destinadas a pagar las mordidas a los funcionarios ecuatorianos a cambio de que le adjudicaran el contrato de consultoría para el metro de Quito a la empresa española Bustren PM de manera encubierta.

Los pagos se habrían hecho por transferencia, y los habría canalizado Eduardo Alonso Rodríguez-Viña a través de una mercantil representada por él mismo, Consorcio Einsa Internacional. Los investigadores tienen la tesis de que hay toda una red de sociedades relacionadas con él y vinculadas con la obtención de contratos públicos en Ecuador. En su paso ante el juez, la semana pasada, no aportó nada de interés, según las fuentes consultadas por ABC.

Es en 2013 cuando un grupo de funcionarios ecuatorianos habría adjudicado de manera irregular al Consorcio GMQ, conformado por las empresas españolas Prointec y KV Consultores el contrato de gerencia del Metro de Quito. A la sombra, estaba la mercantil española Bustren PM constituida por Jesús María Trabada Guijarro, quien fuera consejero delegado de Mintra , la empresa pública del sector transportes de la Comunidad de Madrid desde el año 2003 hasta julio de 2011.

Se sospecha que tanto él como sus colaboradores habrían aprovechado su posición para acumular conocimientos y acceder a información privilegiada, directamente relacionada con la construcción del metro la capital ecuatoriana.

Fuentes de la investigación consultadas por ABC sitúan el germen de este macroproyecto en los trabajos y estudios previos llevados a cabo por Metro de Madrid, dependiente de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la comunidad. Ya en 2009 el gobierno de la capital española y Quito habrían firmado un protocolo general. Entonces se encargó a la empresa pública de transportes madrileña la misión de llevar a cabo diferentes estudios sobre la viabilidad de la construcción en Ecuador. En 2010 firmaron el primer contrato relativo al proyecto de la línea 1 de Metro. Después, se sucederían diferentes visitas realizadas por delegaciones del Metro de Quito a España, lo que permite a los investigadores establecer vínculos previos entre las personas que acabarían interviniendo en la firma del contrato que ahora está bajo sospecha.

Es a finales de 2011 cuando Jesús María Trabada Guijarro constituye Bustren PM. No habían pasado dos años desde que se convocó el concurso en Ecuador por lo que no cumplía con los requisitos legales y no podía aspirar a la adjudicación.

No obstante, según los investigadores, la empresa resultó adjudicataria, oculta tras el consorcio y pagando por debajo de la mesa 1,2 millones de euros a los funcionarios que tenían la última palabra.