La Audiencia Nacional permite que se mantenga el callejero etarra

No actuar, o lo que es lo mismo, mantener las calles con nombres de terroristas no constituye enaltecimiento del terrorismo, pues sólo se puede incurrir en este delito con un «comportamiento activo» y

NATI VILLANUEVA. MADRID.
Actualizado:

No actuar, o lo que es lo mismo, mantener las calles con nombres de terroristas no constituye enaltecimiento del terrorismo, pues sólo se puede incurrir en este delito con un «comportamiento activo» y no por omisión. Por tanto, los alcaldes contra los que van dirigidas las diez querellas que se acumulan en la Audiencia Nacional (nueve relacionadas con ETA y una con Terra Lliure) no han cometido delito cuando se han negado o no han hecho nada por retirar las placas que aluden a los terroristas.

Este es el acuerdo aprobado ayer por unanimidad por los diecisiete magistrados que compusieron el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con ocasión del estudio de un recurso interpuesto contra la inadmisión a trámite de una querella contra el alcalde de Lejona (Vizcaya). El Pleno aprovechó la resolución de este recurso, de Dignidad y Justicia, para unificar criterios en torno al callejero etarra, que, desde la interposición de la primera querella (el 16 de octubre de 2007), ha generado diferencias de criterio tanto entre los instructores de la Audiencia Nacional como entre tres de las cuatro Secciones de lo Penal que se han pronunciado al respecto.

El auto del Pleno, del que ha sido ponente el presidente de la Sala Penal, Javier Gómez Bermúdez, diferencia entre el comportamiento activo que supone poner nombre de terroristas a calles, plazas o parques, y la pasividad en la que incurre quien decide mantenerlas. El primero es constitutivo de delito (siempre y cuando se haya cometido después del 24 de diciembre de 2000 -fecha en la que entró en vigor la tipificación del delito de enaltecimiento del terrorismo, en el artículo 578 del Código Penal)- y debe ser objeto de investigación criminal. El segundo, por su parte, puede ser reprochable, pero no constitutivo de un delito de terrorismo.

La resolución de la Sala, que hace un pormenorizado análisis de los elementos que componen el tipo delictivo al que se refieren las querellas,aclara que el enaltecimiento del terrorismo castiga «sólo la defensa del delito como medio de actuación, ya sea de modo directo (justificando el hecho) o indirecto, justificando o alabando a sus autores o partícipes y/o humillando o desacreditando a las víctimas de los delitos concretos o a sus familiares, pero no la adhesión ideológica a los fines de una banda (...) ni la defensa de aquéllos que hacen apología de los delitos de terrorismo».

En lo que se refiere al primero de los elementos, los magistrados señalan que «quien no hace nada (en referencia al mantenimiento de esas placas pese a haber sido requerido al respecto) no puede violar la prohibición contenida en la norma, aunque con su pasividad exteriorice su acuerdo con lo hecho por otro». Y ello, porque ensalzar algo precisa de un comportamiento activo. Sobre la segunda conducta (la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación) asegura que el sujeto pasivo de este menosprecio no es cualquiera, sino únicamente las víctimas de los delitos terroristas, que son las directas (las que han vivido en sus propias carnes la barbarie terrorista) y las indirectas, familiares de las primeras.

«Cualidades humanas»

También centrados en el análisis del tipo de enaltecimiento, los magistrados reconocen que «para la generalidad de los ciudadanos poner a cualquier espacio público el nombre de una persona implica un reconocimiento de la comunidad, a través de sus instituciones, a esa persona». Es decir, al colocar esa placa lo que se está premiando son las cualidades «humanas o profesionales» que hacen a esa persona merecedora de un «homenaje» por parte de la comunidad.

«Si la persona cuyo nombre es dado a un espacio público ha intervenido en uno de los delitos de los artículos 571 a 577 (delitos de terrorismo) es un terrorista -continúa-, el acuerdo por el que se toma tal decisión podría constituir un ensalzamiento público de la persona (...) no amparado por el derecho fundamental a la libertad de expresión». Son únicamente estos supuestos, siempre que se hayan dado después del año 2000 -ninguna de las diez querellas se va a ver favorecida por este extremo-, los que pueden ser investigados en la vía penal. Cerrada ésta, queda abierta la contencioso-administrativa, a través de la impugnación de los acuerdos alcanzados en los respectivos ayuntamientos.

En el caso concreto del que se ocupó ayer la Sala Penal (la inadmisión de la querella contra el alcalde de Lejona), los magistrados recuerdan que los miembros de ese consistorio no incurrieron en responsabilidad criminal cuando votaron a favor de que «Txikia», «Txabi» y Joseba Etxebarrieta figuraran en el callejero municipal. Y no lo hicieron porque «cuando ejecutaron el hecho (los acuerdos son del 27 de julio y 28 de agosto de 1979) esa conducta no era delito ni falta».

«Ahora bien -concluyen los magistrados-, dicha conducta es antijurídica, es contraria a la norma y puede constituir un ilícito de otro tipo o ser objeto de impugnación por otras vías, pues puede atacar derechos fundamentales».

El auto recuerda que, aunque lo que en él se resuelve es el caso concreto de Lejona (ratifica así el archivo de la querella dictado el pasado 5 de junio por el juez Santiago Pedraz), «debe entenderse que lo en él razonado es de aplicación a otros supuestos semejantes y, por lo tanto, procedería extender el mismo análisis e idénticas consecuencias a esos otros casos».

Algunas de las querellas a las que hace referencia esta resolución ya se habían despachado: los instructores Fernando Andreu e Ismael Moreno lo hicieron en este mismo sentido (no vieron delito), mientras que Fernando Grande-Marlaska no sólo la admitió, sino que ordenó la retirada de esos símbolos en Hernani. La cuestión está ahora en saber quién se atreverá a dar el paso para pedir su restitución.