La Audiencia Nacional ordena investigar el «caso Faisán»

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la asociación Dignidad y Justicia y ha admitido la querella y su personación en la causa para que se investigue la presunta relación de miembros de ETA con un teléfono del ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, dentro del denominado "caso Faisán". En un auto con fecha de ayer, la Audiencia Nacional revoca el auto dictado el pasado 15 de enero por el juez Baltasar Garzón, e insta a practicar las diligencias pertinentes.

El magistrado Baltasar Garzón, encargado de investigar el chivatazo que recibido en 2006 por presuntos miembros del "aparato de extorsión" de ETA, desglosó determinadas actuaciones para atender las comisiones rogatorias procedentes de la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert solicitando información sobre los presuntos miembros de ETA Juan Carlos Yurrebaso y Kepa Mirena Suárez, detenidos en marzo de 2007 por la policía francesa tras saltarse un control en el Departamento de Dordoña.

En el momento de su detención Yurrebaso afirmó pertenecer al equipo de negociación de ETA con el Gobierno socialista y para demostrarlo enseñó cuatro números de teléfono que le servían como salvoconducto. Los números de teléfono anotados pertenecerían a altos funcionarios de los gobiernos español y francés intervinientes en el proceso de negociación o interlocución con ETA, entre ellos uno que podría corresponder al ex director de la Policía, Víctor García-Hidalgo.

Número de teléfono

Aunque el juez Garzón decidió en enero inadmitir la querella formulada por la asociación, la Audiencia Nacional echa por tierra la postura de la Fiscalía, que advertía que Víctor García Hidalgo carecía ya de responsabilidad en Interior al haber sido cesado en septiembre de 2006, es decir, antes de la detención de Yurrebaso y Suárez. No obstante, en el auto se advierte de que el Ministerio Fiscal admitía como evidente que los miembros de ETA "tenían en su poder un papel con ese número de teléfono" de lo que infiere "no una vinculación entre el ex director y los terroristas, sino una relación entre dicho teléfono y los miembros de ETA".

Así, la Sala mantiene que el cese de García Hidalgo no excluye la valoración de sus actos realizados precedentemente en su condición pública, si se ejecutaron en tal condición. En este sentido, entiende la sala que prescindiendo de las imputaciones a Yurrebaso y Suárez lo que pretende la asociación Dignidad y Justicia es "el esclarecimiento de la intervención o no del Sr. García Hidalgo en los hechos investigados y, de haber intervenido, en qué calidad lo hizo".

Por ello, explica que la instrucción judicial debe determinar si García Hidalgo ostentaba la calidad de agente gubernamental asumiendo, como mantiene la Fiscalía, que "la simple tenencia de ese número por parte de miembros de una organización terrorista no convierte en delictivo el proceder del ex director". De este modo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estima el recurso de apelación contra el auto de Garzón, que queda revocado, y acepta la querella y la personanación de la asociación en la causa.