La Audiencia Nacional investiga una comisión de dos millones al jefe de Acuamed en la etapa de Narbona

Entre las «mordidas» investigadas se encuentra una comisión de más de dos millones de euros que la constructora habría entregado a los entonces director general de Acuamed, Adrián Baltanás, y subdirector de Tratamiento de Aguas, Fernando Troyano, a cambio de hacerse con la gestión de la planta desaladora de Carboneras, en Almería, la mayor de Europa en el momento de su construcción .

El pago ilegal se habría producido en el año 2007, cuando la ministra de Medio Ambiente era la hoy presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de quien dependía Acuamed. La información proviene de los registros practicados por los agentes de la Guardia Civil, en concreto de una memoria portátil que contiene tablas en las que se contabilizaban los sobornos y un DVD con grabaciones de audio.

El pendrive, de color azul, fue intervenido el 13 de diciembre de 2017 en el domicilio del exdirectivo de OHL Felicísimo Ramos Ramos, mientras que los audios los guardaba el exdirector de Obra Civil de la constructora Paulino Hernández Ros, quien grabó reuniones y llamadas con superiores, subordinados y colaboradores porque eran «su seguro de vida» , según dijo una empleada de OHL en su declaración policial como testigo.

En la grabación que señala a Acuamed, una de las 23 intervenidas por la Guardia Civil en el registro practicado el 27 de febrero de 2018 y que había sido realizada el 24 de mayo de 2007 , conversan Paulino Hernández y otro directivo de la compañía, identificado como Mariano Javier Peláez Toré.

Hernández está calculando «cuánto tendríamos nosotros que pagar aquí al final». Tras hacer las cuentas, el resultado es una comisión de «1,8 millones de euros y el 25% de 466.128 euros».

Mariano Peláez dice en la grabación que ese dinero era «teóricamente para Fernando Troyano y Adrián Baltanás». Paulino Hernández le explica que «esta gente», refiriéndose a los gestores de la empresa pública del agua, «pedían el uno por ciento (de la obra) y al final el porcentaje fue mucho mayor» .

El ejecutivo de OHL dice a su interlocutor que ese dinero «no lo vamos a entregar nosotros», sino que lo darán «en Madrid directamente al cliente» (la empresa pública que adjudica las obras) Félix Ramos, que trabajaba en el área de Control de Gestión, organismo que dependía directamente de Presidencia y de la Dirección General, según documentos intervenidos a Javier López Madrid, entonces consejero de OHL y yerno del expresidente de la multinacional, Juan Miguel Villar Mir. Deciden hacerlo de este modo, una entrega directa en Madrid por parte del directivo de OHL porque «no se fían» de usar intermediarios. «Tienen miedo de que el dinero no llegue a su destino», concluyen los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Las estimaciones de la Policía Judicial respecto a esta comisión oscilan entre los 1,8 millones y «más de dos millones de euros». El informe sobre estos hechos entregado al juez Manuel García-Castellón , titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, sostiene que los «teóricos destinatarios» de ese dinero fueron Adrián Baltanás y Fernando Troyano. ABC ha intentado sin éxito recarbar la versión de los investigados.

El magistrado Manuel García-Castellón también es el instructor del caso Acuamed, pero, según las fuentes consultadas por este diario, la presunta comisión de dos millones de euros de OHL se seguirá investigando dentro del sumario del caso Lezo, en la citada pieza separada destinada a los sobornos de la constructora. El motivo es que se trata de hechos distintos a los que se persiguen en el sumario de Acuamed , un caso que estalló en enero de 2016 y que investiga los sobrecostes en contratos adjudicados por la empresa pública entre los años 2007 y 2014.

Entre los detenidos estuvo Arcadio Mateo, director general de Acuamed entre 2012 y 2016, nombrado en la etapa del popular Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura y Medio Ambiente. Se persiguen adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos en los que se provocaban sobrecostes millonarios a través de falsificaciones de documentos, entre ellos certificaciones y facturas. Como relató ABC en una información de Marisa Gallero, la investigación de la UCO también destapó posibles irregularidades en la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre los años 2007 y 2008, cuando la titular de Medio Ambiente era Cristina Narbona, la empresa pública dependiente de su ministerio adjudicó 56 contratos de publicidad que ascendieron a más de 18 millones de euros y que debían servir para promocionar el Programa Agua , la publicidad de las desaladoras. El Gobierno de Zapatero apostó por estas plantas desalinizadoras en contraposición a los trasvases que proponía el PP.

Entre los adjudicatarios de los contratos publicitarios hay empresas que trabajaban para las campañas del PSOE, como es el caso de la agencia Crespo y Gomar. De hecho, el juzgado de Instrucción 21 de Valencia investiga al menos dos de esos contratos por si hubieran servido para financiar ilegalmente campañas del PSPV-PSOE y del Bloc Nacionalista durante las elecciones municipales y autonómicas del 2007 en la Comunidad Valenciana, al tiempo que Crespo y Gomar recibía adjudicaciones de Acuamed.

En el caso Acuamed hay varias empresas implicadas, pero no está entre ellas OHL, cuyo enlace con esta empresa pública ha aflorado en otro sumario, la citada pieza separada del caso Lezo, en concreto la número ocho.