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La Audiencia Nacional estudiará apartar al juez De Prada de dos causas contra ETA

El magistrado que habló de torturas «claras» ha sido recusado por las víctimas por hablar como los presos etarras

El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada EFE
Luis P. Arechederra

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La Audiencia Nacional estudiará si aparta al juez José Ricardo de Prada de dos causas contra la banda terrorista ETA. El magistrado ha sido recusado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) por utilizar un lenguaje similar al de los presos etarras en un coloquio en Tolosa, algo que cuestionaría su imparcialidad.

Los dos jueces asignados como instructores de los incidentes de recusación han admitido a trámite la petición de la acusación, sin valorar el fondo del asunto, al considerar que se dan los requisitos formales exigidos por la ley para aceptar una recusación. Después de practicarse la prueba, una sección de la Sala de lo Penal decidirá.

Las dos causas sobre las que se estudiará apartar a De Prada son el juicio contra dos dirigentes abertzales por tratar de reorganizar la ilegalizada Batasuna en las siglas políticas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), siguiendo las órdenes de ETA; y el intento de atentado contra el concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Miguel Ángel Ruiz Langarica en el año 2000. En el primer proceso, 35 acusados ya juzgados admitieron los hechos y, por tanto, su integración en ETA.

Las expresiones que, según las víctimas, comprometen la imparcialidad de De Prada fueron vertidas en un coloquio que tuvo lugar en Tolosa, donde estuvo acompañado del abogado de etarras Íñigo Iruin para reflexionar sobre la actuación del Estado contra ETA. El juez, además de asegurar que en España la tortura se había producido de manera «clara» , cuestionó que los tribunales hayan condenado por terrorismo a personas vinculadas al entorno de ETA desde diferentes sectores sociales, desde donde siguieron sus órdenes.

« Hablar de tratamiento penitenciario desigual , de la existencia de una legislación de excepción, de una jurisdicción española que vulnera derechos fundamentales con cierta habitualidad, de la existencia de torturas episódicas y de manera clara», cita la AVT, «son expresiones que no le sitúan (al juez) en una posición ajena a los intereses en juego y que comprometen seriamente su imparcialidad». El juez utiliza, según las víctimas, que también le han denunciado ante el CGPJ,un lenguaje similar al de los presos de ETA y al de los letrados que les defienden.

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