Pere Soler, junto a Joaquim Forn y Josep Lluìs Trapero
Pere Soler, junto a Joaquim Forn y Josep Lluìs Trapero

La Audiencia Nacional cita como imputado por sedición al exdirector de los Mossos Pere Soler

La magistrada investiga si los Mossos colaboraron con el proceso independentista ilegal facilitando el 1-O

MadridActualizado:

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar como imputados el próximo nueve de marzo al ex director general de los Mossos d'Esquadra Pere Soler y al ex secretario general de Interior César Puig. La magistrada les ha ha imputado en la causa que investiga al antiguo jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, por dos delitos de sedición.

Ambos antiguos altos cargos deberán asisitir a la Audiencia Nacional acompañados de abogado. La magistrada investiga en esta causa si los Mossos colaboraron con el proceso independentista ilegal facilitando el referéndum ilegal de 1 de octubre y permitiendo el acoso a la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre.

La imputación de Soler y Puig fue solicitada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que considera que hubo un «plan premeditado» dirigido por la cúpula de los Mossos para facilitar el referéndum -que había sido suspendido y prohibido por el Tribunal Constitucional- con su «total inactividad». El Ministerio Público no descarta atribuirles en el futuro un delito de organización criminal.

Trapero se ha defendido alegando que los Mossos cumplieron con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que además de impedir el referéndum pedía que no se alterase la convivencia. El mayor reveló a la juez en su última declaración que él intento sin éxito que Puigdemont frenase la votación, ante los problemas de «orden público» que ya intuía.

Puig era el número dos del Consejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, quien se encuentra en prisión preventiva para que no reitere en los delitos. Imputado por rebelión, el juez vincula a Forn con los brotes violentos del proceso ilegal, que empujó hacia la independencia por las vías ilegales, alentando una insurrección y enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado.

La juez rechaza acordar las cuatro diligencias solicitadas por la Fiscalía (porque ya han sido aprobadas o porque la documentación pedida ya forma parte del caso) y pregunta a las partes si apoyan que se declare compleja la causa. Esto permitiría ampliar el plazo de la investigación hasta un máximo de 18 meses.