La Audiencia Nacional anula la congelación salarial a los funcionarios establecida por el Gobierno en 1997

Madrid. Agencias
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La Audiencia Nacional ha fallado a favor de la Federación de Enseñanaza de CC. OO. y ha procedido a anular la congelación salarialque sufrieron los empleados públicos en 1997, argumentando que la Resolución tomada por el ministro de Administraciones Públicas el 19 de septiembre de 1996 -por aquel entonces Mariano Rajoy- de congelar el salario de los funcionarios "no es ajustada al derecho". 

Por esta razón, la Audiencia declara anulada esta resolución yseñala que los empleados públicos tendrán derecho a percibir elincremento salarial, según la previsión presupuestaria delcrecimiento del IPC en 1997, más las cantidades que dejaron depercibir en los años posteriores como consecuencia de la inaplicaciónde dicho aumento salarial. 

La Audiencia ordena a la Administración que proceda, en el menorplazo posible, a negociar el incremento retributivo con efectos alaño 1996, "momento en que dicha negociación debió producirse" eindica que contra esta sentencia "no cabe recurso de casación". 

La sentencia de la Audiencia Nacional, a la que tuvo acceso EuropaPress, indica en sus fundamentos jurídicos que la Ley obliga anegociar las cuestiones relativas al incremento de retribuciones delos funcionarios.

La Audiencia considera que al excluir el incremento retributivo dela negociación, el Gobierno vulneró la Ley. "La exclusión delincremento retributivo de la negociación que nos ocupa, por decisióndel órgano administrativo competente en materia de relaciónfuncionarial, vulneró los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 7/90", indica la sentencia. 

Asimismo, señala que la Administración debe regirse por elprincipio de la buena fe en la negociación colectiva. "La buena fe-prosigue la sentencia- engloba la imposibilidad de obstruir unanegociación colectiva con medios de presión mientras la misma seproduce. . . "

La sentencia incluye un voto particular de uno de los magistradosde la sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de laAudiencia Nacional, José María del Riego Valledor, en el que seseñala que el incremento de retribuciones para 1996 y 1997 "no tieneeficacia directa" porque no está previsto en el acuerdo entre laAdministración y los sindicatos, por lo que, a su juicio, no puedereconocerse a los empleados públicos el derecho a percibirlo".  

CC. OO. consideró hoy "muy positiva" esta sentencia, "porque da larazón legal a las reivindicaciones mantenidas por el sindicato, y nosólo reconoce como fraude la actitud del Gobierno, sino que ademásrepone en sus derechos a los dos millones de empleados públicos quefueron estafados en su momento por el Gobierno del Partido Popularque se empeñó en considerar papel mojado un acuerdo previo firmadopor los sindicatos con el Gobierno legítimamente constituido y quetenía una duración de tres años (1995, 1996 y 1997)", aseguró lacentral en un comunicado. 

En su opinión, la importancia de esta sentencia es "capital", porque implica que todas las retribuciones de los empleados públicosdeberían haberse incrementado en un 2 por ciento en 1997, siendoaumentadas en las previsiones del IPC de los años sucesivos (1, 8, 2, 0y 2, 0 en los años 1998, 1999 y 2000, respectivamente). 

El sindicato cifra en 120. 000 millones de pesetas el coste quesupondrá para la Administración General del Estado hacer efectivaesta sentencia, pero como el acuerdo vulnerado afecta también a losempleados públicos de las Administraciones local y autonómica, estacantidad podría elevarse hasta el medio billón de pesetas.