La Audiencia Nacional acuerda la extradición a EEUU de la que fue jefa del Tesoro con Hugo Chávez

En un auto notificado este viernes, los magistrados resuelven que se dan todos los requisitos para extraditar a la tesorera, porque los delitos que s e le imputan son coincidentes con los de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal y pertenencia a la misma que recoge el ordenamiento jurídico español. Rechazan los argumentos de ella, que esgrimió su imputación por blanqueo en un juzgado de Madrid como ancla, así como la obtención de la nacionalidad española, que le fue concedida en abril.

Para la Sala, aunque sea un delito de blanqueo lo que se investiga, no son los mismos hechos, porque está imputada en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid en relación a la compra de una vivienda de lujo (1,8 millones de euros) en el centro de la capital con dinero procedente de Suiza. Mientras, EEUU se centra en la constitución de una organización para delinquir y dos delitos de blanqueo para comprar un yate y una firma de moda.

Además, explica que la investigación que se sigue en Estados Unidos es mucho más amplia y que la jurisdicción de los hechos investigados viene determinada por el lugar de la comisión de los mismos. En el mismo sentido, recuerda que hay otros coimputados que se han declarado culpables en la investigación que se sigue en Estados Unidos y que están colaborando con las autoridades, por lo que es procedente el enjuiciamiento conjunto de todos ellos.

Respecto a la obtención de la nacionalidad española como causa de denegación, así como su arraigo, loa magistrados consideran que no se dan los factores que el Pleno de la Sala Penal viene exigiendo para rechazar la extradición de nacionales como son la ponderación sobre la gravedad y la vinculación o arraigo en el país.

Aplicado al caso de la reclamada, la Audiencia señala que si bien se trasladó a España en 2015, aparte de la escolarización de su hijo y los cuidados a su madre, no consta que llevara a cabo ningún tipo de actividad laboral que demuestre su integración en la sociedad, incluso, apunta el auto, cambia su apariencia cuando sale de su casa.

Reclamada por el Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida, la petición de extradición sostiene que entre 2008 y 2017, Gorrín, junto a Claudia Patricia Guillén y su marido Adrián Velásquez Figueroa participaron con otra serie de individuos en una «estratagema corrupta» por la que el empresario participaría en transacciones con moneda estadounidense que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares.

La justicia estadounidense considera que Gorrín, ofrecía, prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales consecutivos, Alejandro Andrade Cedeno y Claudia Patricia Díaz Guillén, «a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables».

Los pagos se ocultarían mediante cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias, incluidos los sobornos a Díaz Guillén, que recibía su marido para ocultar la operación. Según la reclamación del tribunal de Florida, entre 2011 y 2013 el empresario hizo pagos por sobornos de al menos 65 millones de dólares a beneficio de la tesorera mediante transferencias de cuentas de Suiza hacia Estados Unidos, pero no sólo. Se incluyen regalos de todo tipo, desde viajes hasta caballos.

Además de los sobornos de cuenta a cuenta, Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes y una marca de diseñador de modas en el distrito sur de Florida y distrito sur de Texas, de acuerdo a las imputaciones del tribunal, de las que se habría beneficiado Díaz Guillén.