Imagen de la fachada principal del Tribunal Supremo. ABC

La Audiencia abre la puerta a que el Supremo revoque el fallo que anuló la congelación salarial

La Audiencia Nacional dio ayer curso a la impugnación presentada por la Abogacía del Estado contra la sentencia que anuló la congelación del salario de los funcionarios acordada por el Gobierno en 1996. Esta decisión, que paraliza la ejecución de la sentencia recurrida, permite a la Administración acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es la que tendrá la última palabra en este contencioso.

MADRID. Nieves Colli
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Tal y como adelantó ABC el pasado 28 de enero, la Sección Sexta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado vía libre al recurso presentado por la Abogacía del Estado. Esta decisión supone un paso adelante para el Gobierno pues, de un lado, paraliza la ejecución de la sentencia recurrida y, por tanto, el pago de medio billón de pesetas de atrasos a los funcionarios; y, por otro lado, agiliza el trámite para que sea la Sala Tercera del Tribunal Supremo la que determine si el acuerdo del Consejo de Ministros que en 1996 congeló los salarios de los trabajadores públicos es o no acorde a la legalidad.

En su resolución, la Audiencia Nacional explica que el recurso de casación tiene «dos fases bien diferenciadas»: la preparación del recurso, que se realiza ante el Tribunal sentenciador (esa parte ya ha quedado resuelta con el auto dictado ayer, que «tiene por presentado en tiempo y forma el recurso de casación») y «otra posterior en la que se decide sobre su admisión, y que corresponde al Tribunal Supremo».

Esta segunda fase es la que se inicia ahora, pues a partir del momento de la notificación del auto dictado ayer, las partes personadas dispondrán de treinta días para presentar sus alegaciones ante el Supremo.

La sentencia ahora recurrida indicaba que contra la misma no cabía recurso. El Tribunal indica en el auto que se trata de «una simple información que no forma parte del estricto contenido de la sentencia» y que, «de acuerdo con una constante y uniforme doctrina del Constitucional, no vincula a las partes, ni menos aún condiciona la posterior decisión de los Tribunales sobre la admisión del recurso». La inclusión de esta información en la sentencia es una exigencia de la ley, explica la Sala.

El Tribunal entendió que contra la sentencia impugnada no cabía recurso por referirse ésta a una cuestión de personal, cuestión que «fue también pacíficamente aceptada por las partes, pues la tramitación del proceso se realizó por el cauce legal previsto para este tipo de asuntos sin oposición» alguna.

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Sin embargo, «con la finalidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», el Tribunal ha decidido que debe tramitarse el recurso del Gobierno. «Es criterio reiterado de esta Sección -explica la Sala- que, si a pesar de existir una indicación negativa de recursos, una de las partes interpone el que estima pertinente con apoyo en alguno de los supuestos previstos en el artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa», el recurso deberá tramitarse.

En este caso, la Abogacía del Estado ha invocado el artículo 86.3 de dicha norma («cabrá en todo caso recurso de casación contra las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores que declaren nula o conforme a Derecho una disposición de carácter general») lo que, de acuerdo con la doctrina del Supremo sobre «el carácter normativo de los acuerdos recaídos en el marco de la negociación colectiva», obliga a tramitar el recurso.