Las asociaciones de víctimas claman contra el blanqueo de Bildu en el primer manifiesto conjunto desde 2010

El manifiesto, coordinado por la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) que preside Tomás Caballero , esta suscrito por 23 asociaciones, un 93% de la comunidad. No menciona el escrito expresamente a Bildu. Pero al partido abertzale y a quienes les han normalizado como agentes políticos van dirigidas las exigencias de las víctimas. La primera, que los poderes públicos, dicen, «preserven la Verdad de los hechos sucedidos con rigor y objetividad y velen para que nadie pueda blanquear, negar o distorsionar la realidad de las experiencias traumáticas que fueron consecuencia de los gravísimos atentados que el terrorismo cometió, y puede cometer por desgracias todavía, en nuestro país».

Y en un momento en que desde el propio Ejecutivo se está poniendo en entredicho la Carta Magna, las víctimas cierran su escrito con un clamor final: «Trabajen sin descanso por la derrota política, social y jurídica del terrorismo y en el triunfo de la democracia constitucional española, evitando el olvido y la falta de conocimiento de las nuevas generaciones respecto a un capítulo de nuestra historia reciente que ha condicionado gravemente la convivencia y producido un sufrimiento atroz a miles de españoles».

Junto a ello, las asociaciones reclaman «que defiendan la memoria de las víctimas, especialmente, ante los que todavía hoy justifican, relativizan o callan ante décadas de padecimiento terrorista, una estrategia criminal que buscó imponer un estado totalitario incompatible con la democracia constitucional que nos ampara».

También «que se utilicen todos los recursos y medios necesarios para esclarecer todos aquellos actos terroristas que a día de hoy aún continúan si tener responsables determinados, persiguiendo el reconocimiento de la culpa y la no prescripción de las acciones penales» y vinculado a ello, «que den tranquilidad a las víctimas, asegurando el cumplimiento de las condenas en curso, sin atisbo de atajos o puertas de atrás y pongan todos los recursos necesarios para paliar la impunidad judicial que sufren, todavía hoy cientos de familias, víctimas de distintas bandas terroristas».

Una vez más, las víctimas exponen su profunda impotencia ante los actos de enaltecimiento a etarras que nadie frena. Piden «que eviten la anomalía democrática y la humillación para las víctimas que supone la celebración continuada de homenajes a los presos terroristas cuando salen de la prisión, la exaltación de un pasado delictivo que utilizó la vida humana como moneda de cambio y que transmite a parte de los jóvenes la idea de que matar, herir o perseguir a nuestros familiares estuvo bien y fue necesario».

Los colectivos firmantes son: Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (ACFSEVT), Fundación Alberto Jimémez-Becerril, Fundación Gregorio Ordoñez, Asociación Dignidad y Justicia, Fundación Miguel Ángel Blanco, Fundación Tomás Caballero, Fundación Profesor Manuel Broseta, Fundación Luis Portero, Asociación Catalana Víctimas Organizaciones Terroristas (ACVOT), Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT), Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (ARVT), Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana (AVTCV), Asociación de Víctimas del Terrorismo Castilla y León (AVTCyL), Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE), Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (ASEXVITE), Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo (AMUVITE), Asociación Ayuda Víctimas 11M, Fundación Benito Samaniego, Plataforma Apoyo Víctimas, Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite), Victimas Terrorismo por la Paz (VITEPAZ) y Asociación Navarra Víctimas del Terrorismo (ANVITE).

El suyo, subrayan, es «un mensaje de unidad y de firmeza ética y democrática en torno a los principios que defendemos y nos representan: Memoria, Justicia, Verdad y Dignidad» que desean compartir con la sociedad, ante la que recuerdan «que son los terroristas, de todas las organizaciones terroristas que han actuado en España, que han sembrado nuestra historia reciente de crímenes que atentan contra los derechos humanos y la libertad, con miles de víctimas asesinadas, heridas, secuestradas, extorsionadas, perseguidas y amenazadas, los que en sus estrategias totalitarias nos han hecho víctimas de sus ideologías y sus acciones injustas, perversas y delictivas causando un infinito sufrimiento a toda la sociedad española durante décadas».

Añaden «que todas las organizaciones firmantes, desde nuestras legítimas diferencias, coincidimos en el objetivo común de la reclamación de una Memoria ligada al derecho a la Justicia, no sólo penal, también social y política, como pilares básicos de la convivencia democrática, que no pueden ser minusvalorados, olvidados ni tergiversados por intereses partidistas ni cortoplacistas sin menoscabo de la calidad de nuestra democracia». Y también «que las víctimas del terrorismo aquí representadas y otras muchas que se representan a sí mismas, han demostrado siempre un comportamiento ejemplar que ha hecho posible neutralizar el odio y el fanatismo siendo escudos de la ofensiva contra el estado de Derecho y la convivencia que ha buscado aniquilar durante décadas».

La declaración recoge textualmente la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo de 2011 , en cuyo preámbulo se hacen las siguientes afirmaciones, entre otras: «El Estado salvaguarda el recuerdo de las víctimas del terrorismo con especial atención a su significado político, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente».

Asimismo, como ya se ha mencionado, que «el apoyo o la justificación del terrorismo es incompatible con la participación democrática en los distintos ámbitos de representación» y que «los poderes públicos trabajarán para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velarán para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas, de acuerdo con lo establecido por la legislación penal».

La ley incluye también el mandato de que «los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, sin que quepa justificación alguna del terrorismo y de los terroristas» y «las Administraciones Públicas prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas».

Como colofón, el manifiesto concluye: «Nos comprometemos una vez más con la sociedad de la que formamos parte, conscientes de la dura situación por la que estamos atravesando. Si las víctimas hemos hecho posible la convivencia, si no hemos ahondado en la radicalización, en el sectarismo, en el enfrentamiento, podemos ser puente de entendimiento y de unidad, siempre desde la firme defensa de los principios éticos y políticos que nos conforman como un estado constitucional de derecho».