Dos asociaciones de jueces se desmarcan de la acción conjunta y adelantan la huelga al 18 de febrero

La decisión de adelantar la huelga se ha adoptado tras una reunión de los órganos directivos de AJFV y FJI que, tras consultar a sus asociados, consideran que la respuesta del Ministerio de Justicia a sus reivindicaciones ha sido insuficiente y deben dar un paso adelante.

El documento reivindicativo que habían pactado las cuatro asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), AJFV y FJI- aplazaba la huelga hasta el 26 de junio, aunque convocaba para el mismo 18 de febrero un acto simbólico de protesta en todos los órganos judiciales.

La primera en romper esa unidad de acción ha sido AJFV, segunda asociación tras la APM por número de afiliados. Por mayoría absoluta ha acordado sumarse a la convocatoria de una jornada de huelga -medida sin precedentes en la carrera- fijada el pasado día 21 por las asambleas de jueces, que representan un 20% de la carrera judicial, en una decena de provincias -y en las ciudades de Madrid y Barcelona-.

El nuevo portavoz de la asociación, Marcelino Sexmero, ha anunciado que "el acuerdo de las cuatro asociaciones ha quedado sin efecto tras la última reunión con el Ministerio en el que sólo se nos prometió humo". "Las negociaciones con el Ministerio no llegaron a buen termino, salimos bastante insatisfechos y pensamos que la situación es tal que no nos queda más remedio que adoptar las medidas de presión más contundentes de las que teníamos previstas", ha explicado en la misma línea el portavoz del Foro Judicial Independiente, Benito Raboso. Esta asociación es la cuarta en número de afiliados.

De las otras dos asociaciones que componían esta coordinadora interasociativa (las que reúnen al mayor número de jueces asociados), la APM ha asegurado que mantiene los compromisos recogidos en el documento del día 12, mientras que JpD se reunirá el próximo jueves para adoptar una postura definitiva ante la huelga del día 18. Consideran que la convocatoria de huelga de 24 horas es "inoportuna" y no beneficia a nadie.

La ruptura entre las asociaciones de jueces se produce después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, les prometiese el pasado lunes un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia , que calificó como un "importantísimo esfuerzo económico añadido" y que, según dijo, "permitirá adelantar los plazos marcados". No obstante, los jueces, que ese día renunciaron a sus exigencias retributivas, aseguraron que "la situación no está resuelta".

El portavoz de la APM, José Antonio Ballesteros, ha señalado que "las medidas de presión no pueden plantearse al principio de la negociación" porque hay que "confiar" en el diálogo que se inició con la reunión mantenida el pasado lunes con Bermejo. "La APM es absolutamente fiel y leal al documento" reivindicativo pactado entre las cuatro asociaciones el pasado 12 de enero, que aplazaba el paro hasta el 26 de junio, ha subrayado Ballesteros.

Desde JpD, su portavoz, Miguel Ángel Gimeno, se ha mostrado "sorprendido" y "un poco perplejo" por la decisión de AJFV y FJI de desmarcarse de la acción conjunta acordada, y ha considerado que este paso "no tendrá beneficios para nadie, y mucho menos, para la carrera judicial". Gimeno ha señalado que es un acuerdo "inoportuno", ya que los representantes de esas dos asociaciones pudieron apreciar en la reunión con el ministro que "hay margen suficiente" para desarrollar muchas de las reivindicaciones planteadas.

Para el portavoz de JpD, pese a que hay medidas que no podrán desarrollarse antes del 26 de junio -como la tramitación de leyes en el Parlamento, ha detallado-, sí pueden establecerse "acuerdos firmes" del itinerario que hay que seguir para desarrollar la reclamada modernización de la Administración de Justicia. En este sentido, Ballesteros ha precisado que hay medidas estructurales que no pueden conseguirse "de la noche a la mañana", pero que existen cuestiones que pueden materializarse, como son el mantener la agenda de señalamientos por parte de los jueces o la modificación de normas para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal.