«Te da asco hasta dormir en tu cama, lo hemos tirado todo»

M.G. prefiere que no se conozca su nombre, cuánto menos permitir que le hagamos una foto, porque el comportamiento de estas víctimas se parece mucho al de quienes han sufrido una violación. Sienten el asco de que un desconocido se haya metido hasta las entrañas de su intimidad, la de sus casas, el miedo, a ratos les azota la rabia, y cuando van a la Policía, son ellos quienes tienen que demostrar con papeles que su piso es suyo. Por ejemplo a L.A.M., una mujer marroquí se instaló ilegalmente en la vivienda de su padre fallecido durante el confinamiento en El Ejido (Almería) y con el DNI del muerto se fue al Ayuntamiento y pudo empadronarse de inmediato. Sin más. Pero cuando consiguieron desalojarla, L.A.M. se fue al censo municipal a registrarse ella y les tuvo que presentar «hasta el libro de familia , el acta de defunción del progenitor, la declaración de herederos con mis hermanos, las denuncias contra la intrusa...», enumera. «A mí, que soy la dueña», se dice en conversación con este diario, todavía sin dar crédito.

Y eso sin empezar a hablar de la Justicia. Nada más ser conscientes de la profanación, -con esa llave que no abre todavía en la mano, con esa señora diciendo desde tu cocina que no se va-, estas víctimas se derrumban ante la expectativa de un via crucis judicial duro , en el que la ley parece hecha para que tengan que justificarse mientras el delincuente «se ríe en tu cara». Así lo describe L.A.M. Un vía crucis, además, de años.

A ambos, en Madrid y Almería, dos puntos muy distantes de España, fueron miembros de las Fuerzas de Seguridad quienes les explicaron en la conmoción del primer momento lo mismo: que el procedimiento es largo. Y puede llegar a ser muy largo . A uno le comentaron que lo mejor hubiera sido echar abajo la puerta y sacar a los usurpadores por las bravas, pero que con la denuncia ya no cabía algo así.

La solución rápida recomendada fue que recurrieran a una empresa de las que hacen el trabajo de forma profesional, cuestión de días. Y coincidieron en «Desokupaexprés». «Desalojamos su vivienda en 48-72 horas», reza su publicidad. Y así fue. «100% legal», puntualiza la web de la compañía, y lo certifica su propietario, Salvador Palazón, que destaca que son ellos mismos quienes van a veces a informar a la Policía o la Guardia Civil de que van a «montar un operativo» o incluso lo graban. Desde 2018 han realizado unas 600 actuaciones. Venían haciendo entre 12 y 15 al mes y, tras el estado de alarma, realizan «de 20 a 25».

Técnicamente, el propietario les contrata para «mediar» en la «toma de posesión de una vivienda ocupada ilegalmente», objetivo para el que se despliega «un control de acceso con vigilante uniformado», cuya misión es impedir que quien salga del inmueble vuelva a entrar. En el caso de M.G., consiguieron que se desentendiera de todo. «Nunca vi a la pareja que ocupó mi casa, sólo les escuché hablar una vez», narra. Tampoco sabe a ciencia cierta cómo entraron, ni cuánto tiempo llevaban dentro cuando él les descubrió. Porque no quiere saberlo. «Al final lo que importa es que se solucionó y ya está», zanja. Han tirado a la basura las sábanas, los cepillos, mandaron una empresa de limpieza. «Te da asco hasta dormir en tu cama», confiesa.

En su piso, el familiar desde hace diez años, faltaron «joyas y relojes» y estaba todo revuelto. Se cree que los intrusos estuvieron poco tiempo. En la casa de El Ejido, «nos encontramos los grifos destrozados, las mamparas rotas, comida podrida... se llevó ropa de hogar, objetos personales, tuvimos que pagar recibos de luz de 150 euros, cuando normalmente no suben de 24 euros». Lo explica L.A.M., en el contexto de que fue una ocupación larga, unos dos meses, porque durante el estado de alarma no pudieron hacer nada en semanas contra intrusa . Ya en la desescalada le ofrecieron tiempo «una, dos semanas... para que se buscara algo». «Vino conque había encontrado un cortijo, pero desamueblado, y le propuse darle algunos muebles para que se fuera... pero la verdad es que había contactado con una asociación española que le asesoraba en lo legal, y le había dicho que aguantando podría vivir gratis allí dos años», añade.

Al desgarro de la usurpación se unía que dentro estaban las pertenencias de un padre muerto, incluida una cama adaptada pendiente de devolver al hospital, al que ni siquiera habían «podido velar ni despedir» por culpa de la pandemia. «No teníamos ni una foto, ni su DNI», musita. El DNI del empadronamiento.

Vía desokupación en 72 horas, pudieron recuperar la casa, muy deteriorada pero con nueva cerradura y alarma -forma parte de los servicios de la empresa mediadora- y también con los recuerdos. Pero L.A.M. cuenta que la mujer volvió, «acompañada de los de la asociación, y mientras yo estaba dentro con mi madre recién operada del corazón, trataron de echar la puerta abajo con un taladro». En aquella ocasión lo paró la policía.

Al margen, la víctima reconoce tener miedo. Cada día, cuando se va a trabajar. Por eso L. A.M. se ha mudado a residir a esta que fue la vivienda del padre, aunque por el pueblo se ha encontrado por la calle «dos o tres veces» a la mujer desalojada. Una de ellas «se me paró enfrente mirándome, intimidándome».

Del tormento solo les ha salvado pagar a una empresa privada por lo que «debería haber hecho la policía , pero no tienen armas legales», reflexiona M.G. Su cuenta, 3.000 euros más IVA. Los dos comentan que pagarse un alojamiento alternativo o las facturas de los okupas les habría costado más.