Gabriel Rufián y Oriol Junqueras, el martes en la constitución del Congreso - Ignacio Gil | Vídeo: Batet solicita un informe a los letrados de la Cámara antes de decidir si suspender a los presos (ATLAS)

El artículo del Reglamento del Congreso que obliga a suspender a los diputados en prisión preventiva

El texto que regula el funcionamiento de la Cámara Baja estipula lo que hay que hacer en caso de prisión preventiva

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MadridActualizado:

La Mesa del Congreso, reunida este mediodía, ha decidido retrasar la suspensión de los diputados en prisión preventiva por el 1-O. Por cinco votos a favor (PSOE y Unidas Podemos) y cuatro en contra (PP y Ciudadanos), el órgano de Gobierno de la Cámara Baja ha solicitado un informe a los letrados de la institución para que evalúe los escritos presentados por los grupos parlamentarios.

Sin embargo, con el Reglamento del Congreso en la mano, la decisión que se debe tomar es clara, por lo que Unidas Podemos y el PSOE —con la presidenta de la Mesa, Meritxell Batet, a la cabeza— están retrasando una decisión que es inevitable.

Según el artículo 21.1.2, «el Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta».

El suplicatorio, el «permiso» que el Congreso debe conceder al Poder Judicial para que investigue a sus diputados, no sería necesario en este caso, según el tribunal que juzga el «procés» en el Supremo. La Sala entiende que ese permiso es necesario en la fase anterior del juicio oral para inculpar o procesar a un parlamentario, pero no es un motivo para suspender o parar un juicio ya comenzado contra un encausado que se convierte en diputado con la vista ya iniciada, como ya informó ABC.

Pero lo que hace el Reglamento del Congreso es insistir en lo que ya dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su artículo 384 bis dice que «firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».

Es decir: la Ley de Enjuiciamiento Criminal obligaría a suspender de cargo público a los procesados por rebelión en prisión preventiva, un requisito que cumplen Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, diputados en el Congreso, y Raül Romeva, senador.