Un «arrepentido» dice que González Pons le ordenó contratar con Gürtel en la visita del Papa

García Gimeno es uno de los principales acusados de este juicio en el que se sienta en el banquillo la plana mayor de la trama —Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro López «El Bigotes» y Ramón Blanco Balín—, así como el ex presidente de las Cortes Valencianas y exdirector de la Policía Juan Cotino, por un contrato de 7,6 millones de euros a cuenta de la televisión valenciana de los que Fiscalía Anticorrupción estima que la mitad, acabó en los bolsillos de la Gürtel.

Él, que al término de la instrucción afrontaba una petición de cárcel de 40 años, ha alcanzado un pacto con el Ministerio Público para atenuar su previsible condena y ha abonado parte de la responsabilidad civil que le corresponde. Dice que está «arrepentido» tanto de haberse «dejado llevar» por las instrucciones que recibía de sus superiores, como de haber «caído en la tentación» de embolsarse cerca de medio millón de euros de aquel contrato justificados mediante dos facturas falsas.

Durante su declaración en esta segunda sesión del juicio, ha detallado a preguntas de Fiscalía su versión de los hechos. Según ha afirmado, participó en una reunión a finales de 2005 en la que el Arzobispado le explicó la visita del Papa y le expuso su interés en que la televisión valenciana retransmitiese el evento, cediéndoles la señal , para evitar que entrase en juego RTVE porque las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno entonces socialista no pasaban por buen momento. Le explicaron asimismo que necesitarían pantallas y megafonía para que los miles de peregrinos que iban a seguir al aire libre el evento no perdiesen detalle.

«Recibí una llamada telefonica de (el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco) Camps en que me dijo que no dijese que no a nada de lo que se me plantease», ha añadido, para aclarar, en respuesta a la fiscal: «Que no dijese que no a nada de lo que me iban a plantear y diese todas las facilidades para que esas peticiones se llevasen a cabo».

Fue entonces cuando organizó un grupo de trabajo en RTVV para empezar a diseñar cómo se haría, aunque no sería hasta meses después cuando tuvo la encomienda concreta. En ese punto, recibió la instrucción política definitiva: «Yo tenia un interlocutor jerárquico que era la Presidencia y el conseller de Comunicación. Desde el punto de vista práctico el superior jerárquico siempre ha sido el conseller de Comunicación, que en ese momento era Esteban González Pons. Yo recibo una llamada de él, iba con frecuencia a su despacho cuando me convocaba, creo que fue en febrero. Me dice que Álvaro (el Bigotes) está muy enfadado porque le han dejado fuera de la organización de la visita del Papa y había que darle un trabajo. Me dijo que el tema de las pantallas y la megafonía se le adjudicase a él», ha sentenciado.

Esto ocurrió después de firmar el convenio con la fundación que organizaba el evento y que cedía a RTVV la señal. «Después Esteban me dice lo de Álvaro y a partir de ahí sin ninguna oferta sobre la mesa yo ya derivo la cuestión en el personal competente para ello (…) Yo con Francisco Correa creo que nunca hablo de este tema porque no tenemos oportunidad, no teníamos relación. Cuando esto va tomando cuerpo, hablo con Álvaro y Pablo. Álvaro sabía que yo había tenido una instrucción política y se habla del proyecto», ha asegurado.

El propio Álvaro López ha respondido al interrogatorio en el juicio sobre este asunto. Él, que también ha llegado a un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, ha centrado el tiro en Cotino, que «lo controlaba todo» y según su relato, decidía los contratos , y en Camps, a quien fue a quejarse de que el primero no le había asignado ningún servicio a prestar durante la visita del Papa. Sus gestiones dieron fruto y al final, le cayeron los servicios de pantallas y megafonía, pero «el Bigotes» dice que fue un «regalo» envenenado: «Era lo más difícil», ha apostillado.

A Cotino le ha señalado además otro de los «arrepentidos». Se trata del empresario Carlos Fragio, quien ha apuntalado la acusación de que era el «responsable» de todo el evento, aunque no tenía competencias para ello porque en la época era consejero de Agricultura. Según su relato, Álvaro Pérez se lo introdujo como la persona «que realmente manda en todo esto».

En esta sesión ha declarado también Blanco Balín, considerado «el blanqueador» de la Gürtel y que igualmente ha alcanzado una conformidad con la Fiscalía, ha dicho estar arrepentido y haber pagado ya 400.000 euros de responsabilidad civil. En su caso, la declaración ha versado sobre los asuntos técnicos, como la UTE que planearon montar para recibir adjudicaciones de aquel evento, y en apuntalar que «toda la operativa de proveedores y contratistas o la emisión de facturas a Teconsa», la adjudicataria final, la llevaban Crespo y López.

La nota de color la ha puesto Francisco Correa. No estaba previsto que declarase, al igual que Crespo, que se ha acogido a su derecho a no declarar. Sin embargo, cuando le ha llegado el turno se ha mostrado dispuesto a contestar a cuánto quieran preguntar acusaciones y defensas, pero a ver que las partes no estaban preparadas y que la sesión se iba de hora, casi se echa para atrás, por no querer volver a levantarse este miércoles en la cárcel en la que cumple condena «a las cinco de la mañana» para ser trasladado a la Audiencia Nacional. Tras un intercambio con el presidente del tribunal, José Antonio Mora, ha acabado aceptando.