Argentina investigará por delitos de lesa humanidad a 22 miembros de Batasuna y 19 jefes de ETA

En una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Cámara Criminal y Correccional Federal admite el recurso de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) contra el archivo de la querella que interpuso para que los tribunales argentinos investigaran, bajo el principio de la justicia universal, los crímenes de los concejales del Partido Popular (PP) en Rentería José Luis Caso y Manuel Zamarreño el 11 de diciembre de 1997 y el 25 de mayo de 1998, respectivamente.

José Luis Caso , de 64 años, y su amigo y sucesor en el puesto, Manuel Zamarreño, de 42 años, fueron «amenazados con el objeto de lograr su expulsión» del País Vasco, para después ser asesinados por la banda terrorista ETA primero uno y después otro.

«Ello como parte de la política de persecución de la organización y, en particular, como consecuencia de la estrategia de 'socialización del sufrimiento' implementada a partir de que la Mesa Nacional del posteriormente disuelto partido político Herri Batasuna (HB) aprobara en 1994 la 'Ponencia Oldartzen'», prosigue la querella, que otorga a estos hechos el carácter de delitos de lesa humanidad.

El abogado de Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias , argumentó que la Audiencia Nacional admitió investigar por lesa humanidad solamente los crímenes cometidos por ETA a partir del 1 de octubre de 2004, cuando este delito fue incorporado al Código Penal.

Sin embargo, con anterioridad a esa fecha todavía existen 377 «víctimas mortales de asesinatos selectivos y masacres en la impunidad que siguen sin esclarecerse», según ha explicado a Europa Press Rodríguez Arias, experto en Derecho Internacional, que añade «ninguno de los más de 100 asesinatos por ETA pretendidamente prescritos en España, lo estaría en Argentina de ser reconocida la lesa humanidad».

El fiscal federal del país andino Zoni sostuvo que no podía ser impulsada la causa, lo que condujo a que el juez cerrara el caso. Ahora, los magistrados de la Cámara, Eduardo Guillermo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani han anulado dicha resolución al tratarse de un proceso que «excede una mera cuestión procesal» en tanto que afecta a derechos y garantías protegidos en la Constitución argentina, que no pueden ser «privados a los lesionados» mediante la atribución exclusiva al Ministerio Fiscal.

«Esta postura, que ostenta la máxima entidad cuando se trata de crímenes de lesa humanidad encuentra su fundamento en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, y en las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», razonan, para añadir que la decisión de archivo incurrió en una falta de motivación.