AVT anuncia movilizaciones contra la reforma para que 48 etarras se ahorren 375 años de cárcel

Ello obliga a una reforma legal que, como el propio Gobierno reconoció a ABC la semana pasada, ya está «en marcha» y que permitirá que hasta 48 etarras puedan ahorrarse casi 375 años de cárcel en nuestro país, según los cálculos de la AVT. Gracias a ello, algunos quedarán en libertad varias décadas antes de lo previsto por la Justicia española y otros al día siguiente de que se apruebe esa reforma.

Así consta de forma detallada en el dosier que la AVT ha hecho público esta mañana y que trasladará a los grupos políticos -todos salvo Bildu- en las reuniones que ya ha solicitado para exponerles las consecuencias de esa reforma legal, cada vez más probable y cercana.

Según este estudio de la AVT, hasta 48 presos de ETA se ahorrarían una media de 7,8 años de cárcel en nuestro país. La rebaja para algunos llegaría a los 23 años de golpe, como en el caso del etarra Félix Alberto López de Lacalle. El que menos se ahorraría es Xavier Zabato, que podría descontarse 3 años.

Del medio centenar de etarras que podrían beneficiarse de esta medida, a los que habría que añadir otra media docena que se encuentra cumpliendo condena en Francia con penas pendientes en España, siete saldrían a la calle de forma inmediata y otros tres lo harían este mismo año al descontarse esas penas francesas.

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha señalado esta mañana que «estamos hartos, dolidos y hundidos» ante un Gobierno que «no para de mentir, engañarnos y utilizarnos». «Hemos llegado a nuestro límite», lamenta Araluce, que ha denunciado que las víctimas se sienten «más humilladas que nunca mientras se juega con nuestra dignidad todos los días». Incluso, la presidenta de la AVT ha advertido que, «si tenemos que volver a las calles, lo haremos: podemos estar hundidos, pero no muertos«.

Y así lo harán, como ha apuntado el consejero de la propia AVT, Miguel Ángel Folguera, que ha anunciado que «en los próximos días» esta asociación convocará una gran manifestación contra estas «maniobras para modificar el marco legal en beneficio de los terroristas».

Por su parte, la abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara, ha recordado que están en alerta sobre esta posibilidad especialmente desde que Joseba Azkarraga, responsable de la plataforma de apoyo a los presos de ETA (Sare), se jactó de ello con el etarra condenando Jon Bienzobas en una conversación que ha trascendido.

Esta exigencia del entorno proetarra y su brazo político, Bildu, la comparten también otros socios habituales del Gobierno actual, como el PNV o ERC. Incluso, las dos partes del propio Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, especialmente Unidas Podemos, que tiene registrada una iniciativa en el Congreso con esta misma propuesta desde el año pasado. Y hasta el propio PSOE, cuyos compañeros vascos ya en 2014 compartían esta reivindicación de los presos de ETA.

Lo que parecía una posibilidad se convirtió la semana pasada en una certeza después de que el propio Gobierno confirmara a ABC que, efectivamente, ya está trabajando en esa polémica reforma. Las mismas fuentes de La Moncloa reconocían a este periódico que esa iniciativa ya está «en marcha» y además «a las claras» , añadiendo incluso que forma parte de los planes normativos del Ejecutivo para este mismo año.

El Gobierno se excusa en una declaración marco de la Unión Europea que en 2008 abrió esa posibilidad para descontar condenas entre países comunitarios, como España y Francia. La fecha límite para incluir esa norma en la legislación española era el 15 de agosto de 2010, pero ni Zapatero ni Rajoy lo hicieron hasta que este último aprovechó en 2014 su mayoría absoluta para aprobar esa ley que limita los casos en los que un preso de ETA pueden acogers e a esta norma europea: nunca si ya estaba condenado, pendiente de ser juzgado o había cometido delitos en España antes de esa fecha del 15 de agosto de 2010.

Algo que, en la práctica, ha impedido durante todos estos años que decenas de etarras que estaban y siguen en prisión pudieran acogerse a esa normativa europea y ahorrarse varios años de condena en nuestro país. La ley de 2014 que se lo impedía ya ha sido avalada tanto por el Tribunal Constitucional (TC) como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) . Es decir, si el Gobierno decide cambiarla para acelerar la excarcelación de decenas de etarras no es porque le obligue una decisión de la UE, sino porque quiere y puede gracias a PSOE, Unidas Podemos y sus socios independentistas, secesionistas y bildutarras.