El letrado mayor del Parlamento catalán durante el punto álgido del «procés» atiende a ABC
El letrado mayor del Parlamento catalán durante el punto álgido del «procés» atiende a ABC - Inés Baucells
Entrevista

Antoni Bayona: «Todo el mundo ha perdido, ha habido un coste personal»

Protagonista en primera persona del momento álgido del «procés», publica el libro «No todo vale», obra en la que critica el secesionismo unilateral

BarcelonaActualizado:

Fue el letrado mayor del Parlamento autonómico catalán durante los meses de septiembre y octubre de 2017. Confiesa que nunca olvidará el tiempo vivido en una institución que se situó al margen de la Constitución. Antoni Bayona, ahora jurista raso parlamentario, explica en un libro su visión desde el punto de vista del Derecho de un proceso secesionista que no podía triunfar si adoptaba la unilateralidad.

—¿Qué opina de la comisión catalana que trata sobre la Monarquía?

—Se explica en el contexto actual: mantener la idea de que hay una situación de injusticia con Cataluña, focalizándola en la figura del Jefe de Estado. Esto forma parte de un cierto efectismo para intentar contrarrestar lo que está pasando en el Tribunal Supremo.

—Usted defiende que «no puede haber democracia sin ley».

—Estoy perplejo, como jurista, que ahora se discuta sobre conceptos que parecían el abecé de un idioma. Lo llamo la gran confusión. Intentar disociar democracia de Derecho en un Estado de derecho es imposible. No tiene sentido decir que se ignora la ley. En todo caso, se cambia.

—Entonces, ¿cómo encaja el concepto de «mandato popular»?

—La democracia no es un término absoluto. Puede amparar actuaciones políticas para que lo que uno defiende pueda convertirse en realidad. Pero esto no puede ser pasando por encima de la norma. Ya lo dijo el Tribunal Supremo de Canadá en 1998: en un sistema como el nuestro no puede haber ningún principio estructural que quede al margen de una solución, por lo que hay que combinar democracia, federalismo (en el caso canadiense) y Estado de derecho. Esto complica más las cosas, pero es que un proceso de independencia, en los estados democráticos, es extremadamente difícil. Me ha sorprendido que en Cataluña se haya optado por una vía con fundamentos muy débiles.

—Pero considera que no se debe sacralizar la Constitución...

—En 1978 se estructuró un modelo territorial muy abierto y flexible, para dar solución a los territorios históricos. La aplicación de este modelo se ha considerado que es la única posible. Pero se debería hacer una reflexión sobre el carácter abierto que tiene nuestra Constitución. Lógicamente, no se pueden suprimir CC.AA., pero la Constitución sí permite singularizar. El mito de la igualdad puede ser defendido políticamente, pero jurídicamente no es así. Podría haber ciertos territorios que tuvieran diferencias sin que esto se considere como privilegios inaceptables.

—¿Revertir «el café para todos»?

—Exacto. Se intentó con el Estatuto de 2006. Pero desde Cataluña se cometió algún error de exceso. Y el Tribunal Constitucional (TC) de aquel momento nos obsequió con una sobreactuación, que se vio como algo beligerante, impropio de un TC.

—Usted fue uno de los asesores jurídicos de José Montilla, que dio respuesta política a la sentencia del TC.

—Sí, y antes, como director del Instituto de Estudios Autonómicos, elaboré el primer informe para ver las posibilidades que permitiría un nuevo Estatuto de Autonomía. Lo hicimos desde una comisión de trabajo que abrió las vías para desarrollar la reforma, cuando hubiera ocasión política.

—¿Fue este un intento de reformar la Constitución por la puerta de atrás?

—Sí. Hubo un primer recurso de amparo del PP ante el TC cuando se admitió a trámite la reforma estatutaria en el Congreso, ya que entendían que se estaba aplicando un procedimiento de reforma constitucional. Cuando les comentaba a los promotores del Estatuto que lo que proponían era más propio de la elaboración de una Constitución me decían: «De eso se trata». Estas cosas me dejaban perplejo.

—¿Cuándo se dio cuenta de que el procés no tenía retorno?

—Tras las elecciones de 2015. Es el momento clave y me produce un choque emocional, sobre todo cuando se aprueba la resolución XI de 2016, que es la que el TC considera como «acto fundacional» porque es la que marca lo que será la parte final del «procés». Esta resolución se basa en unos elementos jurídicos que no puedo compartir. Y como ciudadano, eso no tiene salida.

—En su libro describe un plan para llevar a cabo la independencia...

—Desde un plano de improvisación...

—¿... no es esto lo que se está juzgando, tanto en el Supremo como en el de Instrucción 13 de Barcelona?

—Objetivamente, este plan se anuncia en la resolución XI de 2016, aunque no está perfilado del todo. Con la lógica de que las elecciones habían sido plebiscitarias, en la resolución no se habla de hacer un referéndum. Esto demuestra que este proceso ha sido fruto de una gran improvisación y una huida hacia adelante. No está claro que todo lo que sucedió fue rebelión.

—¿Cómo es el ambiente entre el personal del Parlamento autonómico?

—A los trabajadores, el «procés» nos ha puesto en estrés. Hay unos 150 empleados y hemos de ser plurales. Pero ha habido una cierta confusión entre lo que uno piensa como ciudadano y la actuación que debes tener cuando estás trabajando en el Parlamento. Cuando se habla del «seny» catalán es para tapar la «rauxa». Todo el mundo ha perdido algo en el Parlamento, hay gente con la que ya no te relacionas. Ha habido un coste personal. Además, he hecho de malo para el independentismo. Pero uno está tranquilo con su conciencia.

—¿Qué parte de responsabilidad tienen los medios de comunicación?

—El «procés» también ha puesto en estrés a los periodistas y su deontología profesional. Hay de todo. Para hacer creíble que la independencia era posible había que tirar de varias cosas, también de los medios de la Generalitat. TV3 y Catalunya Ràdio actuaron en una línea muy determinada.

—¿De esta cómo salimos?

—Lo más importante es ver cómo se resuelve el conflicto político. Aunque ahora es muy difícil. Hay dos incógnitas: la sentencia del Supremo y cómo la digiere la sociedad catalana, con Torra hablando de un «momentum»; y ver quién está de interlocutor, tras el 28-A. Puede ser una tormenta perfecta o una lluvia fina y persistente. Prefiero lo segundo.